Del Mercado Inmobiliario y la Burbuja Inmobiliaria en el Perú.

Los voceros de las constructoras e inmobiliarias, son rotundos al afirmar, que tenemos en el Perú un creciente DÉFICIT DE VIVIENDAS y que no existe ni existirá, una peligrosa BURBUJA INMOBILIARIA en el país. Basan lo anterior en la proclamación de la existencia de cerca de dos millones de familias que desean adquirir vivienda y en que jamás ha habido ni habrá especulación en el precio de venta de las viviendas, que son las principales causas para la gestación de una Burbuja Inmobiliaria y su proyectado estallido.

Bueno pues, ambas altisonantes afirmaciones parten de supuestos falsos. En el Perú no tenemos un DÉFICIT DE VIVIENDAS, entendiendo que Déficit es una "demanda insatisfecha". Eso equivaldría a decir que existen dos millones de familias peruanas que no habitan en una vivienda adecuada y que tienen el deseo, la necesidad y "la capacidad" para adquirirla y eso, es totalmente falso. Lo que tenemos en el país es un clamor de Ciudadanos que quisieran vivir dignamente, pero que no cuentan con la oportunidad ni los medios necesarios para adquirir una vivienda. Y eso no es Demanda. 

Lo segundo, afirmar que no hay especulación en los precios de venta de las unidades de vivienda construidas está muy lejos de la verdad. Hace poco más de 20 años, justo cuando el estado "decide intervenir" para solucionar "el déficit habitacional" con el establecimiento de subsidios que al parecer lo que en realidad buscaban, eran hacer más atractiva, accesible y segura la venta de viviendas, por parte de los inversionistas, se pone en marcha, por parte de los inversionistas inmobiliarios, una excelente estrategia de mercado. Para esas fechas una casa antigua de 250-400 m2 de área de terreno, ideal para la construcción de multifamiliares, tenía un precio de mercado de 60,000 - 75,000 dólares y en un lapso de pocos meses esas mismas casas ya se estaban ofertando y comprando a precios que fluctuaban entre 120,000 y 150,000 dólares. Qué paso? Pues se había implementado eso que podría llamarse una brillante estrategia de mercado. Si los precios de las viviendas individuales se hubieran mantenido en esos niveles, entonces el posible comprador hubiera tenido reparos en pagar por un nuevo departamento de edificio precios mayores a los de una casa independiente. Entonces, en una jugada maestra, se prefirió pagar el doble y alentar el alza ficticia de los precios de las casas unifamiliares para que pudieran estar al nivel de los precios de venta que ellos proyectaban a futuro para los nuevos departamentos. Cómo se explica esto? Cómo va a ser que un inversionista prefiriera pagar, por ejemplo, 120,000, en lugar de los 60,000 que realmente costaban los terrenos? Eso sería una locura. Aparentemente. Esos 60,000 adicionales eran un costo de inversión rápidamente recuperable, ya que al construir 40 departamentos y ponerlos a la venta ya no a precios de entre 55,000-60,000, sino a precios de entre 120,000-150,000, la diferencia favorable se multiplicaba por 40. A nadie le extrañarían esos precios tan altos porque todas las casas ya se estaban vendiendo a esos precios. Lo que ahora pasaba es que con la venta de un solo departamento ya se recuperaba la inversión de la compra de la casa antigua, probablemente con 14 departamentos más ya se estaba recuperando el monto de la inversión en diseño y construcción y todo el resto (25) era utilidad, descontando claro, las posibles coimas, extorsiones, repartijas e "imprevistos" que la mayoría de los edificios construidos en los últimos 25 años han tenido que considerar, probablemente, en su cálculo de costos totales. Aún así, un Negocio Redondo para cualquiera.

Al parecer, el estado a través del ejecutivo,  no habría dejado de intervenir en la emisión de normas y medidas que pudieran garantizar el éxito y la bonanza de los inversionistas inmobiliarios. En nombre de los sin techo propio, se han publicado una serie de decretos supremos, reglamentos y hasta leyes que buscaban intervenir incluso, en la Planificación Urbana de nuestras Ciudades, algo que ya detuvo el Tribunal Constitucional a través de una sentencia definitiva sobre la Competencia de Atribuciones para decidir y legislar sobre el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Integral de las Ciudades, negándole oficialmente al ministerio de vivienda el derecho que ese ente estatal se había arrogado y confirmando dicha Atribución como exclusiva de las Municipalidades Provinciales. Pero han quedado las secuelas, lamentablemente con respaldo jurídico que convierte en una labor titánica controlarlas por parte de las municipalidades. Los despropósitos urbanísticos, como los Certificados de Parámetros indebidamente emitidos y hasta Licencias de obligatoria emisión por la participación de algunos malos revisores urbanos, son documentos que tienen amparo legal mínimo de 3 años, para llevarse a la construcción sí o sí; otra invención ministerial, la de los revisores urbanos, que le arrebató a las municipalidades, mediante la abolición de las Comisiones Municipales de Revisión de Proyectos, la potestad de emitir o denegar Licencias de Construcción.

Un dato oficial muy importante, que se omite presentar públicamente, es que contamos, sólo en Lima con 35,000 departamentos que se han acumulado en los últimos años sin poder ser vendidos, que entre inversionistas informales y otros, deben ser realmente 50,000. Se está produciendo un peligroso compás de espera por ambas partes. Por parte de los vendedores que esperan que las cosas se enfríen, se incremente la liquidez y puedan vender al mismo precio de antes o hasta un poquito más, para poder cubrir los intereses que vienen acumulándose por activos no vendidos que han sido financiados con préstamos bancarios y ellos no están decididos a perder todo y, por otra parte, los compradores que están esperando la caída total de los precios ante la desesperación de las constructoras. En el medio los bancos acreedores y los inversionistas de segundo piso que saben que no es negocio para ellos embargar propiedades sea a la constructora o a los compradores por falta de pago ambos, y tratar de sacarlos a la venta, cuando las cosas en el mercado inmobiliario están pintando de gris oscuro. Y eso, podría ser el posible estallido de una CRIOLLA BURBUJA INMOBILIARIA.

Estamos ante una evidente desinformación o la manipulación orquestada de la información que tiene como únicos y exclusivos clientes a quienes tienen los medios para pagar por ello. Por otro lado, el grave URBANICIDIO de la invención de las Vivienda de Interés Social, es un tema que amerita un mayor análisis y que tocaremos en otra oportunidad, pero que considero podría ser la más grande estafa a la Ciudad y a los Ciudadanos.

FELIZ ANIVERSARIO MI LIMA QUERIDA

 Llegar a Lima, como extranjero con la ilusión de vivir mejor, sigue siendo una regla entre muchísimos sudamericanos, bastantes norteamericanos  y algunos europeos.

Llegar a Lima para desarrollarse profesionalmente y conseguir mejores oportunidades es una meta personal de casi todos los Peruanos de provincia.

Pero también, llegar a Lima para hacerse rico, de cualquier forma, es una norma para todos los desgraciados, entre delincuentes, políticos profesionales y  sinvergüenzas de cualquier parte del mundo, Perú y balnearios, incluido.

Dentro de 10 años llegaremos a ese hito maravilloso de los 500 años de edad (Fundación) de nuestra gran Ciudad y no sólo la acuciosa Mariana Alegre se pregunta, ¿CÓMO VAMOS? Sino que todos los Limeños de nacimiento y adopción nos hacemos la misma pregunta, aún sabiendo que la respuesta siempre será: Como lo esperábamos, como lo merecemos. O sea, hasta las callangas.

Lima tiene muchos enemigos, todos los conocemos y los dejamos hacer, cuando no los apañamos. Desde todos los invasores profesionales de terrenos estatales hasta algunos constructores inmobiliarios, que en ambos casos sólo buscan el beneficio particular, aprovechándose de las necesidades imperiosas de conseguir una vivienda digna por parte de una población desposeída que no tiene forma de conseguirla por su cuenta. Pasando, claro, por autoridades y funcionarios corruptos y corruptibles que miran para otro lado, mientras extienden la mano ágil para recibir la suya, sin pensar en el futuro de la ciudad. Y aquí hablamos de autoridades congresales, ministeriales y municipales, metropolitanas y distritales. Sí pues, nadie se salva, por comisión u omisión, los señalo como culpables.

Pero el culpable principal es el propio ciudadano, ese hipócrita que exige de los demás un voto consciente a la hora de elegir, pero que no duda en darle el suyo al peor candidato pero que es su amigo, su causa, su socio. Ese ciudadano hipócrita e inmoral que exige se cumplan sus Derechos Urbanos, pero que se zurra en los derechos de sus vecinos, actuando como si la ciudad le perteneciera sólo a él y a su familia, mascotas incluidas.

Pero, oiga usted, ¿es que acaso todo está mal en nuestra gran Lima? Pues no, gracias a Dios. Existen, todavía,  LIMEÑOS que desean lo mejor para su ciudad, que quisieran verla como la capital de América, que sueñan con vivir decentemente, que hacen algunos esfuerzos para lograrlo, pero que, lamentablemente, al chocarse con el primer obstáculo, reculan y se vuelven a sus cuarteles de invierno a seguir rumiando su rabia. Y ESO ESTÁ MAL.

Podemos entender al delincuente, al incapaz, al corrupto y hasta podemos disculparlos porque no les queda de otra, porque ya están podridos, pero lo que no podemos perdonar es a quienes se dan cuenta de lo que está pasando, saben lo que se podría hacer para mejorar las cosas, tienen la capacidad para hacerlo pero les apesta lo que ven y no opinan, no aparecen, no participan. Creo que ESO NO ES CORRECTO.

Vamos a ver, un fuerte grupo de Limeños apostamos por nuestro actual alcalde, Rafael López Aliaga, pero el auto denominado Porky se desvaneció entre los problemas urbanos, se achicó ante el vendaval de reclamos y los buitres de toda laya. El señor López Aliaga podría haber hecho mucho más, pero prefirió lo notorio antes que lo importante. No ha atacado los verdaderos problemas, no ha resuelto lo que consideró demasiado grande, prefirió el efectismo y lo decorativo. No ha empezado lo que sabe que no va a terminar y no ha ejecutado proyectos, que estaban listos y eran excelentes, pero que no eran de su cercanía y hermandad, al menos, ESO ES LO QUE PARECE.

Se dice que un alcalde no debería ser un empresario, porque no tiene la menor idea del tema social, yo discrepo de ello. Un buen Empresario, sabe que en una empresa que se respeta, su mayor activo es el Capital Humano, las personas; y por ello es que las mejores ideas, proyectos y acciones de ese líder deberían ser en favor de esas personas, es decir, de los CIUDADANOS.

Pero en estos últimos años no ha sido así. Una Ciudad, que por ubicación, clima y conectividad debería ser la Gran Capital se ha ido hundiendo en un verdadero CAOS URBANO. Sí, las gestiones anteriores han sido funestas, pero precisamente por ello, ¿no hubiera sido más fácil, enmendar rumbos y empezar a hacer las cosas como es debido?

Nuestra hermosa LIMA ha sido muchas Ciudades, desde LA CIUDAD DE LOS REYES (Francisco Pizarro dijo), LA CIUDAD HORRIBLE (Sebastián Salazar Bondy afirmó), LA CIUDAD DE LOS PERROS (Mario Vargas Llosa sugirió), LA CIUDAD DE LOS REYES, DE LOS CHÁVEZ, DE LOS QUISPE (Rolando Arellano insinuó), LA CIUDAD DE LOS GALLINAZOS SIN PLUMAS (Julio Ramón Ribeyro explicó) y, ahora sin duda, LA CIUDAD DE LOS BUITRES (la realidad nos confirmó); pero en esa debacle urbana y a despecho de sus problemas, Lima sigue siendo maravillosamente tuya, mía, nuestra, por miles de cosas, vivencias y hasta problemas, porque en el fondo sabemos que esta mala racha pronto ha de terminar.

Y si, en un arranque de locura, el señor alcalde López Aliaga, se decidiera a reivindicarse en esta segunda parte de su administración, ¿ya que todavía le faltan dos años para culminar su período? Haciendo, digamos, lo que debió hacer desde el principio:  Involucrar a toda la Ciudadanía en la Gestión Municipal, convocar a la Asamblea Metropolitana de Alcaldes, de la conurbación Lima-Callao, para trabajar juntos en un solo Proyecto Urbano, hacer gala de una transparencia inédita y trabajar con la Ciudadanía organizada en el PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA GRAN LIMA, que incluyera un proyecto de ley para desaparecer las 50 municipalidades de Lima-Callao y organizar una sola ALCALDÍA MAYOR que asegurara el desarrollo consensuado y coordinado, armónico y sustentable de toda la gran Lima, con un horizonte de 50 años. Suena como trabajo de titanes, verdad? Sin embargo, el momento álgido en que se encuentra nuestra ciudad capital es, probablemente, el mejor momento para empezar de nuevo, desde cero.

Podríamos rajar hasta el infinito del señor alcalde metropolitano, podríamos exigir su vacancia, podríamos sugerir que lo metan al cilindro o que lo conviertan en salame, pero Lima, nuestra Ciudad, no ganaría nada con ello. Por qué, más bien, ¿no trabajamos con lo que hay en el momento actual y nos ponemos de acuerdo en la agenda y el derrotero para los siguientes dos años?

Vamos a ver, señor Rafael López Aliaga, alcalde de la Ciudad de Lima, levante usted la mano derecha y con la mano izquierda en el corazón, repita: JURO POR DIOS, POR LA VIRGEN MARÍA, SAN JOSEMARIA ESCRIVÁ Y POR LA CIUDAD DE LIMA,  que ya entendí y voy a cerrar con broche de oro la Administración que me tocó presidir.

Y eso pasa por recolectar información fidedigna a lo largo y ancho de la gran Lima, diseñar un maravilloso pero sustentable PLAN URBANO y empezar a sentar sus bases para los próximos 50 años. ¿Es mucho pedir? No creo, es lo menos que podemos exigir por los 490 años de NUESTRA LIMA QUERIDA.

LA COSTA VERDE: DE UNA AUTORIDAD METROPOLITANA A UN VERTEDERO DE LA CORRUPCIÓN?

 Un excelente informe del programa dominical Panorama puso al tanto a los vecinos de Magdalena del Mar y San Miguel, en Lima, de lo que ha estado sucediendo en los últimos meses al borde de su litoral. Centenares de volquetes han estado descargando miles de metros cúbicos de material proveniente de excavaciones y demoliciones realizadas por las inmobiliarias que operan en varios distritos de Lima. 

Un funcionario de la Municipalidad  de Magdalena del Mar, dice que no se cobra ni un centavo a las empresas que arrojan dicho material, que eso es una donación, habida cuenta que se necesita recuperar lo que el mar se ha llevado durante los últimos años de su borde costero y que gracias a esas generosas empresas se está avanzando en ganarle, nuevamente, la playa al mar. Pero la realidad es otra. Se aprecia en el video, que hay una persona con chaleco oficial de la municipalidad, que “administra” el pase y descarga de los volquetes, verificando rigurosamente, con el número de las placas de los vehículos que llegan, si ya hicieron el abono previo respectivo. Es decir, existe una organización que indica a qué cuenta bancaria transferir el pago de 50 soles por cada camión y que verifica los números de placas de los vehículos que pueden pasar el control y hacer la descarga respectiva. 

El encargado, dice que la Municipalidad no es la que cobra y que tampoco recibe dinero alguno y que por tanto ella no emite comprobantes de pago. Se sobre entiende, entonces, que la Municipalidad de Magdalena del Mar tiene un convenio con ellos y que, por eso, “no va a venir a molestar”. El señor alcalde, por su parte, ha declarado que ese chaleco municipal que usa el señor controlador como se aprecia en el informe periodístico, es de los usados en la gestión anterior, como afirmando que ese “negocio” se inició antes del año 2023, cuando él no estaba, pero no explica, cómo es que 15 meses después, el tiempo transcurrido con esta nueva administración, ese señor controlador, sigue allí sentado, haciendo el mismo negocio. Ese señor, según lo que dice el señor alcalde, debe ser un estafador, aunque lamentablemente, sigue actuando,  a vista y paciencia de las autoridades locales, incluida nuestra PNP, la Marina del Perú y la Fiscalía de la Nación. 

Y aquí cabe señalar dos cosas. Si fuera una generosa donación de material excedente de las constructoras, cuál es el número del Acuerdo de Concejo Municipal que ha aprobado dicha donación? Habida cuenta que la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, en su artículo 9º, es muy clara al respecto. Toda donación debe ser aprobada mediante un procedimiento establecido, es decir, ninguna autoridad o funcionario municipal puede recibir donaciones, que no tengan el visto bueno de la primera verdadera autoridad distrital, o sea, el Concejo Municipal de Regidores; procedimiento muy necesario para evitar clientelismos, favores especiales de ida y vuelta o acuerdos bajo la mesa. 

Y lo otro, lo más importante, ese material, que se suponía debería ser sólo tierra y canto rodado, en realidad incluye peligroso desmonte, fierro oxidado y ladrillo, entre otros, y que al ser colocado (arrojado) sin contar con  procedimiento constructivo alguno de sujeción, va a ser barrido por el mar, contaminando gravemente sus aguas, las del distrito y de los distritos vecinos, además de alterar la morfología del litoral, generando oleajes indebidos en playas aledañas. Dice el representante de la Marina, que la Municipalidad de Magdalena del Mar ha recibido una autorización temporal, de 60 días para “el reforzamiento” de su borde costero y que ellos están esperando, imagino que sentados, de parte de la Municipalidad, su “Plan de Trabajo y la documentación (técnica) correspondiente”. 

La verdad es que este asunto ya había sido  denunciado en redes en el mes de Agosto del año pasado por el presidente de una junta vecinal, es decir, hace 8 meses, 240 días, con abundantes fotografías y videos de caravanas de pesados volquetes transitando ilegal y peligrosamente por las calles del distrito de Magdalena del Mar y el Circuito de Playas para ingresar por una “puerta” municipal; pero ni la autoridad local ni la policía se dieron por aludidas y la mayoría de los medios de comunicación miraron para otro lado. Lo curioso es que al día siguiente de emitido este reportaje de Panorama, cesaron por completo, las caravanas de volquetes en el distrito. Recién se daban cuenta, las autoridades locales, que eso estaba mal? Imaginamos que con esta denuncia pública televisiva, la Fiscalía de la Nación y la Marina, ahora sí, ordenaran una investigación a fondo para determinar quién es el “verdadero dueño de este gran negocio”.

El caso de la Municipalidad de San Miguel, también llama mucho la atención, el vocero oficial dice que “no sabía” que en plena zona de playa existe una zaranda y una chancadora, que recibe, trabaja y vende material a terceros; que sí cobran 65 soles por volquete, 30 % más que en Magdalena del Mar, pero que otorgan los recibos correspondientes. Bueno, al menos, ese dinero no va a ajenos bolsillos, sino a la Caja Municipal de San Miguel.

Por otro lado, en la misma franja de la Costa Verde de Magdalena del Mar, una empresa de Paratrikes, que son los gráciles y alados Parapentes, pero con ruidoso e infernal motor, sigue haciendo despegar y aterrizar en el distrito, a pesar de las múltiples denuncias y reclamos de los vecinos que residen en las viviendas junto al acantilado Magdalenense, que están hartos de que durante 12 o más horas al día, escuchen y sientan como que se está derrumbando el acantilado. Y sí, ese negocio se inició con el anterior alcalde, pero continúa hasta la fecha. A pesar que la autoridad ministerial que debería brindar la respectiva autorización afirma que está prohibido el cobrar a terceros, por la realización de ese “deporte” y que no ha emitido la autorización correspondiente de funcionamiento. Y, entonces, cómo es que se sigue realizando esa actividad comercial?

Finalmente, la Municipalidad de Magdalena del Mar ha perdido legalmente, ante una empresa que recibió en concesión la administración de canchas deportivas habilitadas sobre la Costa Verde para beneficio de los vecinos del distrito y que ahora tienen que seguir pagando para poder hacer uso de dichas canchas.

Cabe, entonces, la pregunta: No existe la Autoridad del Proyecto Costa Verde?, la que se supone, determinaría el uso adecuado y público de todo lo que existiera y se habilitara sobre su superficie, desde Chorrillos hasta la Punta en el Callao, para beneficio de toda la población de la gran Lima? No existe la Asamblea Metropolitana de Alcaldes, que debería coordinar y, en el mejor de los casos, ejecutar mancomunadamente  proyectos y obras en beneficio de todos los limeños? Bueno pues, pareciera que nada de eso existe. En la realidad, cada alcalde distrital se conduce de acuerdo a su propio parecer y entender. No se puede añadir…. De acuerdo a su beneficio particular.... porque eso lo determinarán las investigaciones pertinentes. Lo que sería bueno se hiciera de inmediato, para evitar las dudas y malas conjeturas que manchan indebidamente las honras de los involucrados: autoridades, funcionarios y empleados municipales.

La Autoridad Municipal y las Empresas Prestadoras de los Servicios Públicos.

No se puede entender el por qué la autoridad Municipal no asume la defensa de sus vecinos respecto de la calidad de la prestación de los servicios públicos, agua, alcantarillado e iluminación, que brindan las empresas autorizadas para hacerlo. Vamos a ver, en la LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (27972), se establece claramente, en su artículo X, referido a la PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL que:  

"Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población". O sea, la correcta prestación de los servicios básicos de agua, alcantarillado y alumbrado público TAMBIÉN son responsabilidad de la autoridad y sus funcionarios, siendo la fiscalización de dichos servicios, atribución y obligación de estos últimos, tal como lo indican sus propias herramientas de gestión, como son el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), en donde se señalan a las áreas funcionales que deberían velar por la buena prestación de los servicios básicos. 

Si bien es cierto, las propias municipalidades no tienen capacidad sancionadora sobre las empresas prestadoras del servicio, sea Enel o Luz del Sur en el caso de Lima, sí pueden y deberían hacerlo, enviar, ante una notoria deficiencia o interrupción del servicio, un oficio conminativo a dicha empresa y copia del cargo con la denuncia respectiva a Osinergmin, el ente regulador nacional, para que proceda a emitir la sanción que corresponda. Tenemos en vigencia Leyes y Decretos Supremos, como el 020-97-EM, que señalan, reglamentan y sancionan las obligaciones no cumplidas por las empresas prestadoras del servicio de alumbrado público, que no solo obligarán a la restitución inmediato del servicio, cuando éste falte, sino que además supervisarán el descuento respectivo, en el siguiente recibo de energía, por el servicio no prestado por el tiempo determinado, en el rubro Alumbrado Público. Si la autoridad municipal no interviene es porque desconoce sus  atribuciones, obligaciones y compromisos para con su comunidad, o simplemente, porque no le da la gana.

Las empresas prestadoras de servicios eléctricos también están obligadas a cubrir la demanda del servicio de alumbrado público, en la cantidad y calidad requeridas, que brinden la seguridad necesaria de las calles de la ciudad, en cuanto al número de las lámparas en uso, a la altura conveniente de las mismas, considerando árboles y obstáculos existentes y con la potencia necesaria. Pero, se ha realizado alguna vez, alguna revisión exhaustiva, por parte de la autoridad municipal, con el levantamiento de información y opiniones de los propios residentes, si el servicio de alumbrado público es suficiente y adecuado? ¿No? Bueno, pues deberían hacerlo.

Por otro lado, las obras de ampliación de redes y de servicios nuevos deberían estar sujetos, como la lógica y la norma lo imponen, a verdaderos criterios de factibilidad, es decir, si alguna empresa inmobiliaria, por ejemplo, pretende construir 120 nuevos departamentos, debería solicitar la factibilidad real para 120 nuevos servicios de energía eléctrica requeridos y las empresas prestadoras deberían responder con la certeza y responsabilidad necesarias, si están en capacidad de atender a esa nueva carga solicitada, en la seguridad de que cuentan con las facilidades para ello, sin perjudicar a los servicios ya existentes en una zona determinada. Las caídas de tensión, producto de las sobre cargas, malogran indefectiblemente nuestros artefactos electro domésticos y producen los indeseables apagones que causan serios problemas a nuestro diario vivir. ¿Algún funcionario municipal ha emitido un informe de situación o diagnóstico sobre la carga instalada y su proyección necesaria para el crecimiento inmobiliario actual? ¿No? Pues debería, porque esa es su responsabilidad.

Finalmente, la infraestructura urbana de la ciudad, debería mantenerse en un excelente nivel, pero es continuamente deteriorada física y visualmente por las nuevas instalaciones o sus reparaciones, además de la proliferación de cableados innecesarios y el incorrecto mantenimiento de los mismos y, aparentemente, tampoco hay sanción por ello.

La omisión de funciones por parte de la mayoría de los funcionarios que deberían ocuparse de este asunto es evidente, pero no se emiten las respectivas sanciones administrativas aunque sí les cabe responsabilidad; además, la autoridad municipal en su más alto nivel, el Concejo Municipal, se hace el desentendido y no sabe, no opina, al respecto. Sí pues, existen muchos derechos ciudadanos que desconocemos, muchas responsabilidades funcionales ausentes y demasiados culpables, que están pasando desapercibidos. 

Reitero que la CALIDAD DE VIDA de nosotros, los Ciudadanos, es un derecho que debemos aprender a defender.

¿Cómo les va a las nuevas autoridades Municipales?

A casi 6 meses cumplidos, para un período de 4 años de administración municipal, la respuesta tendría que ser, MAL, PERO MUY MAL. Salvo honrosas excepciones y chispazos de buen proceder, las más de 1,800 municipalidades del país se encuentran en el limbo. Entre algunas autoridades que no saben por dónde comenzar, porque nunca tuvieron claro de que se trataba eso de LA GESTIÓN MUNICIPAL o porque todavía no encuentran la forma clara y precisa de cargarse los presupuestos, que para eso postularon y las otras, que ya empezaron a despacharse las partidas presupuestarias a su regalada y antojadiza gana, nuestras Ciudades y Comunidades Urbanas, se encuentran sumidas en la inercia o total abandono.

Vamos a ver, empecemos por reconocer que el proceso electoral municipal es un chiste, postula quien sea, como sea y con la plata del que sea. Que se traduce en que el nulo conocimiento y la poca capacidad, terminan asociándose con auspiciadores angurrientos, que luego reclamarán "su inversión", a la buena o a la mala. Pasamos luego a la votación ciudadana, que es tan graciosa como irracional: Ese es bonito, Esa es sexi y ya está, tenemos ganador/a. Nadie, ni las autoridades electorales competentes ni los ciudadanos, exigen el debate, la presentación de propuestas serias, ni siquiera los antecedentes reales de los competidores y sus equipos de regidores y las elecciones, salvo otra vez las excepciones, terminan siendo más de lo mismo o peor que la anterior.

Se inicia la administración y los entrantes ni siquiera piden cuentas de lo recibido a la gestión anterior, o porque ellos mismos han sido los esperados para cubrir el mal proceder de los que salen o, en la necesidad de subsistir, se cubren para, tampoco, ser auditados cuando se retiren, en una clara práctica de, Entre gitanos no nos vamos a leer la suerte.

En las últimas décadas, la politiquería peruana y sus engendros, los partidos políticos,  se han repartido la torta municipal con malas prácticas, sucias maniobras y no pocas convenientes engrasadas a los supuestos regidores opositores, que entran como leones heridos y terminan como corderitos mimados, al servicio del ganador de turno, claro.

Pero, ¿es tan difícil exigir que postulen buenos candidatos y que se elijan solo a los mejores? Pues, no. Es sencillísimo. Claro, siempre y cuando exista la voluntad necesaria para ello. Sólo hay que ponernos serios y exigir el cambio de algunas cosas. Por ejemplo, por una razón absurda e inexplicable, puede postular a una alcaldía, cualquier ciudadano peruano, mayor de edad. Requisitos: Ser peruano con DNI, sin condena penitenciaria y vivir, o decir que vive por lo menos, dos años seguidos en la provincia y distrito por los que postula. Y ya está. No importa si no sabe sumar ni con los dedos o si es el más tramposo del barrio. Esos no son requisitos vociferará su jefe de campaña. De allí a aliarse con las empresas que tienen intereses a futuro, hay un paso y luego de 10 licitaciones o 20 licencias amañadas de por medio y ya saneada la deuda personal adquirida en campaña, lo que sigue es hacer caja para la jubilación anticipada del suertudo electo.

Y los señores ciudadanos, qué dicen? Al parecer, mayormente desconocen todo y luego, ya en el ejercicio del cargo del susodicho elegido, a los Ciudadanos solo les quedan dos opciones, callar y bajar la cabeza, mientras se reciben palmaditas en el hombro, lonchecitos de vez en cuando y condecoraciones inventadas o, convertirse en los malos de la película, los quejosos de siempre y los inconformes de toda la vida, como suelen llamarnos a los que no nos gusta quedarnos calladitos. 

Y sí pues, estamos mal y seguiremos peor, hasta que los propios Ciudadanos decidamos tomarnos en serio a nosotros mismos y nos hagamos responsables de nuestras Ciudades.

Por ahora, basta que entendamos que LOS ALCALDES Y LOS REGIDORES ELECTOS no son más que empleados temporales, contratados por un patrón que es EL CIUDADANO y que a cambio de un generoso sueldo o dieta, deberían inmolarse trabajando por la Comunidad a la que han jurado SERVIR. Sí pues, habrá qué pensar CÓMO HACEMOS PARA QUE ELLO SE CUMPLA.

Magdalena del Mar: cómo destruir una Ciudad en cuatro años.

El distrito de Magdalena del Mar, ubicado en la zona central urbana de Lima Metropolitana, con una población que supera los 70,000 habitantes y en constante crecimiento, amerita un estudio sociológico y urbanístico que pudiera brindarnos a futuro, las herramientas necesarias para evitar la destrucción paulatina de nuestras comunidades urbanas.

El caos urbanístico generalizado de este distrito se gesta en los últimos años de la década de los 90s, con la politización extrema de las elecciones municipales, la financiación de costosas campañas electorales que luego exigirían el retorno de la inversión realizada por parte de los “desinteresados promotores inmobiliarios”, los intereses económicos personales y de grupo, la desinstitucionalización municipalista y los visos de corrupción que se hicieron presentes en cada acto de gobierno municipal, cuando no, la apropiación ilícita de partidas presupuestales y una permanente y evidente malversación de fondos, todo ello, con la anuencia o indiferencia de los propios Magdalenenses, debido principalmente, a  que las pésimas administraciones sucesivas, habían sepultado la identidad ciudadana, el sentido de pertenencia y los valores cívicos, los pocos que quedaban de todos sus vecinos, cerrando un círculo vicioso que ha destruido totalmente al distrito.

Magdalena del Mar surge como una comunidad clase mediera de reconocida calidad de vida. Desde sus años previos de fundación, la nueva Magdalena era un deseable lugar para vivir, se construyeron residenciales casonas y el orden urbano, así como el principio de autoridad fueron sus pilares de desarrollo. Pero llegaron luego, la incapacidad como filosofía y la angurria como credo a instalarse cómodamente y entre aplausos del respetable, para convertirnos en un asentamiento inhumano en donde ya da vergüenza vivir. La administración que en pocos días culmina su período no puede ser catalogada como la peor de todos los tiempos, aunque lo merezca, sino como la ratificación de ese nefasto período de porfiada cuesta abajo que se inició hace más de 20 años.

Una impresentable administración ejercida por el señor alcalde Carlomagno Chacón, que valgan verdades no tenía la capacidad ni las ganas de gerenciar el distrito, pero que por esas cosas que tiene el pésimo sistema electoral municipal vigente, se encontró con la alcaldía gracias al voto de arrastre que el colorao Muñoz de su partido AP, le brindó en bandeja de plata. Pero el señor Chacón pudo haberse aplicado, pedir que le enseñen y tratar de hacer una aceptable gestión, pero hizo todo lo contrario. No se interesó, no se comprometió, ha estado cuatro años en modo muertito y ahora, se retira, con el aplauso de algunos cuantos incondicionales ayayeros pero el repudio total de una comunidad traicionada.

Desde el mes de enero 2019 en que el señor alcalde asumió su período como autoridad empezó con dos pies izquierdos. Como llegaba sin saber qué hacer no tuvo mejor idea que empezar ejecutando una obra, pistas y veredas del Jr. Cuzco, que con algunas presunciones de incorrecta licitación se había aprobado por la gestión anterior. El expediente estaba mal, los montos de inversión no se revisaron y la ejecución fue un dolor de cabeza para los vecinos. El señor Chacón había recibido, sin percatarse o tal vez sí, un peligroso presente griego de su antecesor, que durante 16 años continuos había sentado las bases del caos urbanístico, la sobre saturación del suelo urbano y la irresponsable permisividad constructiva que nos ha convertido en una bomba de tiempo en cuanto a la prestación de servicios básicos se refiere. En su momento y cuando había que señalar responsabilidades el señor Chacón se hizo de la vista gorda y cuando luego, pataletas de por medio, quiso puntualizar acusaciones ya era tarde, cuando la desaparición de pruebas y el auxilio legal e indebido de las prescripciones favoreció a su antecesor, por lo que ha tenido que cargar con el pasivo de esos 16 años previos de desgobierno municipal y desaparición de gruesas cantidades presupuestales.

El señor Chacón recibió un distrito sin un proyecto de desarrollo urbano integral y sostenido, que se explica porque su inexistencia permitió en su momento, la irregularidad en la emisión de licencias constructivas, el favorecimiento a ciertas empresas inmobiliarias y el caos que ahora nos ahoga. Pero en sus 4 años de administración no solucionó ninguno de los graves problemas heredados. No ha hecho siquiera, la convocatoria a la realización de un Plan de Desarrollo Urbano para el distrito, no evitó el grave riesgo de validación de certificados de parámetros urbanísticos, muchos de los cuales fueron indebidos y que se emitieron en gran cantidad antes de iniciar su administración y que han seguido exigiendo su validación y la consecuente emisión de licencias de construcción que jamás debieron darse. A ello debemos añadir la indiferencia para solucionar el problema de la invasión de un buen porcentaje del área propia del distrito por la municipalidad de San Isidro, otra fuente de recursos indebidos de la pésima administración anterior que no convenía arreglar, pero que en el caso del señor Chacón llama la atención porque aunque él afirma no haber sido testaferro ni socio en parte de esos negociados en la mal llamada zona en litigio, no se ha preocupado en demostrar que él está limpio de toda culpa, tratando de solucionar el grave y vergonzoso problema existente.

Pero en donde el señor alcalde, que ya está en sus descuentos, se ha lucido en nombre de la incapacidad supina, es en la torpe implementación de zonas de peatonalización y restricción del tráfico vehicular, sin un correcto análisis de situación y posibilidades, copiando burdamente y adoptando sin adaptar, estereotipos de realidades totalmente diferentes a la nuestra, que han causado graves perjuicios al comercio formal del distrito; a lo que se añade la entrega de toda la zona comercial, otrora importante cónclave de usuarios metropolitanos, desde La Molina al Callao, a los nuevos terroristas de la contaminación urbana, que al igual que en esas películas futuristas que muestran ciudades devastadas por  la violencia, la tortura psicológica que sufren los ciudadanos y la degradación de los espacios públicos, actúa con total impunidad ante la contemplación y apoyo de la autoridad, funcionarios y empleados municipales. Hordas de conductores de enormes triciclos motorizados, que están prohibidos de circular, han invadido el distrito de Magdalena del Mar, en donde se han apropiado de sus calles, de sus espacios públicos, de las pistas y veredas, premunidos de enormes altavoces, que durante 10, 12 y hasta 14 horas al día, de lunes a domingo, nos alteran y torturan con sus gritos destemplados, sus ridículas bromas de cómicos ambulantes, sus groserías y faltas de respeto a los vecinos, compitiendo entre sí para ver quién termina primero la venta de sus frutas y verduras de dudosa procedencia y estado de conservación. Las facilidades brindadas que permiten la impunidad de estos delincuentes urbanos, que atentan contra la tranquilidad pública, las normas establecidas, la salud física y psicológica de la población, no tiene explicación inteligente. Salvo que algún funcionario o la misma autoridad esté en contubernio con estos terroristas urbanos. Se plantea la posibilidad de la existencia de una mafia muy bien organizada que se dedica al negocio de comprar cosechas enteras, a precio de remate, a los agricultores de las zonas aledañas a Lima y cuyos productos son entregados a consignación a estas personas necesitadas de trabajo que tienen como condición, acabar como sea, en el día, la venta del producto recibido, aunque tengan que estar gritando hasta las 9:00 o 10:00 de la noche de cada día. Pero este negro negocio, que está exento de todo tipo de costo, salvo el pago a los vendedores cautivos, ya que no necesita de local ni de empleados, no paga servicios básicos, no requiere de licencia ni tampoco tributa municipalmente ni a la Sunat, necesita de la seguridad, impunidad en realidad, para poder “trabajar” libremente y allí entra a tallar la autoridad municipal. Existe una ordenanza Metropolitana que prohíbe, expresamente, el uso de megáfonos y alta voces por parte de los comerciantes informales, existe una eficiente Policía Nacional que está presta a colaborar en cualquier operativo que la autoridad pudiera planificar, pero nada de eso se usó, nada sirvió. Al igual que en el caso de los parapentes (paratrikes) la impunidad con la que sus promotores han actuado en el distrito es digna de una profunda investigación. Pero pareciera que a nadie le importa, ni a los medios de comunicación que han recibido las denuncias vecinales. Y la Fiscalía que ante las evidentes y abundantes pruebas debería haber actuado de oficio, siguen mirando con ojitos dormilones cómo estos gestores del sub desarrollo han destruido nuestro distrito.

El señor alcalde Chacón, es el responsable directo de lo que está sucediendo en Magdalena del Mar, una apacible comunidad en donde se vivía decentemente pero que se ha convertido en la nueva Parada de Lima, en donde las estrellas son los vociferantes y avezados vendedores de frutas y verduras. Y eso no es justo.

Y sí, bueno, valgan verdades, los vecinos del distrito jamás tuvimos representación entre los honorables miembros del Concejo de Regidores y si la justicia existiera también debería sentar en el banquillo de los acusados a quienes se beneficiaron de una dieta indebida durante estos nefastos cuatro años de desgobierno municipal.

La propuesta Bruce y el desarrollo de nuestras ciudades.

El día de ayer, sábado 5 de Octubre 2022 se publicó, en un importante periódico de circulación nacional, un artículo del señor Carlos Bruce sobre el tema del desarrollo urbano sostenible y su propuesta de facilitarle tierras eriazas del estado, pero completamente urbanizadas, a las inmobiliarias para que puedan construir mega proyectos, valiéndose de curiosos decretos supremos que "promueven" la construcción de unidades de vivienda de interés social para que luego puedan ser vendidas a precios escandalosos. Según la propuesta Bruce, las inmobiliarias ya no tendrían que invertir en procurarse los servicios públicos básicos, sino recibir, como regalo del estado inmensos terrenos saneados y urbanizados, totalmente listos para construir. El señor Bruce, a pesar de las denuncias de aprovechamiento indebido de su cargo congresal para beneficio propio, debe ser una buena persona, pero su proceder no es imparcial y, definitivamente, no está del lado de los sin techo y, al parecer, no tiene el menor interés real en mejorarles sus condiciones de vida familiares. Desde su paso por el ministerio de vivienda se impusieron algunos decretos no solo permisivos sino lesivos al desarrollo armónico de nuestras ciudades. Cuando acompañó en la postulación presidencial a la señora Fujimori su caballito de batalla, tal vez para vender bien la candidatura entre los grupos económicos grandes, fue precisamente ésa: Ceder tierras de propiedad del estado en subastas "especiales" que favorecieran a las grandes inmobiliarias del país y que así pudieran ahorrase el costo tremendo de sanear y urbanizar terrenos, cargándose este costo al ahorro de todos los peruanos. Y éso no es justo. Se pretende replicar el mismo proceso de las irrigaciones nacionales que han sido un gran negocio para unos cuantos privilegiados. Los grandes proyectos de irrigación nacional han sido una gran cosa, es cierto, pero el estado invirtió enormes cantidades del presupuesto nacional en derivar ríos, canalizar sus aguas y conducirlas a grandes distancias y cuando ya las tierras tuvieron la seguridad del riego, se procedió a lo que se denominó la subasta de las tierras irrigadas, listas para ser sembradas. Eso podría haber sido maravilloso pero resulta que las subastas para colocar dichas tierras se hicieron totalmente amañadas, con evidente favorecimiento a las grandes empresas nacionales y extranjeras, que han podido hacerse de inmensas tierras de cultivo en las mejores zonas de Arequipa y de Olmos, para mencionar los casos reales. Ningún pequeño agricultor local pudo acceder a la compra de dichas tierras porque los macro lotes sacados a la venta, eran de miles de hectáreas que solo podrían haber pagado y así sucedió en la realidad, las grandes empresas, con dinero barato de las grandes entidades bancarias que usan el dinero de los pequeños ahorristas a los que pagan centavos de interés, para acumular grandes cantidades y tener acceso a esta feria de negocios grandes.  Sobre ese tema ya no se puede abundar porque ya pasó, está oleado y sacramentado y bueno pues, para qué lamentarse. Pero para quienes creemos que cosas similares no deberían suceder en el ámbito urbanístico nacional, podemos decir que existen infinidad de soluciones para abaratar vivienda, para poner al alcance de las personas de menos recursos, viviendas dignas, pero con el concurso de sus gobiernos locales y la capacidad de funcionarios de primer nivel. No podemos, no debemos, aceptar que despropósitos como el señalado, se sigan dando.

La incapacidad de las autoridades municipales para intervenir en el asunto ya no solo parece ser por ignorancia, raya mas bien en el contubernio y el interés económico personal. Alrededor de nuestras ciudades existen cordones de tierras eriazas del estado, que son indebidamente manejadas, a las que se accede por denuncios, es decir a un costo de cero soles y que luego son usadas para la expansión urbana de nuestras ciudades, cuyos propietarios, en algunos casos, se han visto beneficiados con el cambio de dirección de la expansión urbana previamente planificada, justo hacia las zonas donde esas tierras se encuentran ubicadas. A través del tiempo hemos visto crecer, no desarrollarse, nuestras ciudades hacia zonas insospechadas, que se convierten en depósitos de ahorro de grandes montos. Hay infinidad de casos en los que se adquirió a unos cuantos soles la hectárea (10,000 m2), para revenderse, gracias a su ubicación, a cientos de dólares el m2. A ello podemos añadir un recurso de esos grandes beneficiados que no por indebido no ha sido común en las décadas pasadas; para ahorrarse los costos de urbanización que podrían ser onerosos si de ampliar redes de los servicios básicos se trataba. Algunos "empresarios recursivos" se dieron cuenta que al poseer un bolsón de tierra ex eriaza o de cultivo y ahora reconocida como de expansión urbana, podrían beneficiarse usando a terceros para acceder a un costo menor de la expansión de los servicios básicos. En alguno que otro caso se propiciaron invasiones ilegales de cientos de familias que exigían a gritos, luego de poner su banderita y hacerse de tierras gratuitas para su vivienda, ubicadas digamos a 10 km del área cubierta por los servicios básicos, se les brinden los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Una vez logrado dichos servicios las tierras ubicadas en zonas intermedias entre las zonas invadidas y el núcleo urbano existente, se vieron beneficiadas con que los servicios pasaban en frente y al costado de su ubicación y se ahorraban una buena cantidad de dinero al poder colgarse de esas redes. Como eso ya no es posible, porque ya las invasiones no se permiten, entonces ahora se buscan otras formas de beneficiar a las grandes inmobiliarias, que nunca la han sudado, nunca le han puesto el hombro a un adecuado desarrollo urbano de nuestras ciudades pero que siguen exigiendo y consiguiendo prebendas que les generen la mayor rentabilidad posible, probablemente con unos cuantos miles de dólares de comisión oficial. 

Muy bien, estamos planteando que ya no nos vean las caras, entonces qué hacemos para solucionar el problema de la falta de vivienda digna para los peruanos? Primero, los gobiernos locales tienen que asumir su función, fijada como responsabilidad en la Ley Orgánica de Municipalidades, de trabajar por el desarrollo pleno de los ciudadanos y sus familias. 

Necesitamos que los gobiernos locales asuman la administración directa de las tierras eriazas que posee el gobierno nacional y que está dispuesto a ceder para beneficio de la población. Realizar proyectos urbanísticos multifamiliares mediante asociaciones público privadas; contar con un banco de proyectos arquitectónicos y sus respectivos expedientes técnicos; con cajas de ahorro municipales que financien directamente y con tasas convenientes, dichos proyectos constructivos, que exista una oficina municipal técnica  dedicada a sanear las obras y apoyar en la inscripción de las mismas, además de propender a los proyectos municipales de vivienda de alquiler. Y es que no hay necesidad de pretender que todos los peruanos sean propietarios, mediante la adquisición de préstamos hipotecarios que  secuestren la vida total de los prestatarios, pagando intereses agiotistas a entidades financieras que tienen como objetivo real hacerse de las propiedades que los prestamistas dejen de pagar por la incierta estabilidad económica de la casi totalidad de familias peruanas. Lograr que las cosas cambien suena harto difícil, no? Si pues, pero es la única forma de alcanzar el correcto desarrollo de nuestras ciudades, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de brindar esa equidad tan necesaria para que nuestra sociedad no colapse de cuando en cuando, por esa odiosa y enorme brecha económica que existe y que se sigue expandiendo, entre peruanos y peruanos.

Magdalena del Mar: El mejor candidato, el peor alcalde.

Las elecciones Municipales tienen que replantearse desde su convocatoria, para poder asegurar una correcta elección, una verdadera representación y una buena Gestión. Los candidatos que se vienen presentando, al menos en Lima Metropolitana y sus distritos, nos dicen que algo estamos haciendo muy mal. Candidatos que se reinventan con nuevas promesas y mejores sonrisas, a los que ni siquiera se les debería haber permitido participar nuevamente, otros con hojas de vida impresentables y, la mayoría, haciendo gala de "desconocer mayormente" lo que implica la responsabilidad de una Gestión Municipal; pero allí están, muchos de ellos afilando sus largas uñas, preparando las licitaciones y contratos que luego entregarán al mejor postor, pero jurando que ahora sí se inmolarán en el nombre de su comunidad. 

En Magdalena del Mar tenemos a un candidato, de cuya honorabilidad no me puedo ocupar porque, personalmente no tengo pruebas en su contra y la justicia no parece tener muchas ganas de ocuparse del tema, pero sí puedo referirme por responsabilidad Ciudadana a su gestión pública, me preocupa que en 16 años de administración (4 períodos consecutivos) no solo no hizo nada realmente bueno por el distrito, sino que eliminó cualquier posibilidad de desarrollo integral de nuestra comunidad. Sí claro, maquillaje por aquí, parquecitos por allá, favorcitos especiales con nombre propio y mucho circo, ciertamente bullanguero y costoso, pero que destruyó el distrito con una permisividad, que no puedo llamar delictiva pero sí, apañadora e inconsecuente con lo que juró al asumir el cargo en cada uno de sus cuatro períodos, al permitir, avalar y sostener, el caos urbano que ya empezó a pasarnos las facturas de una irracional explotación del suelo urbano, un peligroso desborde poblacional y la consecuente saturación de las redes de servicios públicos, incompatible todo ello con una calidad de vida ciudadana de adecuado nivel y con el beneficio único y exclusivo de unas cuantas empresas inmobiliarias, que valgan verdades la única culpa que tienen en este caso, es el haber aprovechado las puertas y las ventanas que se les abrieron, indebidamente, de par en par.

En esos 16 años de su administración, pasamos a la cola de los distritos modernos de Lima central, recibimos el descarado avasallamiento de un distrito vecino que cada día avanza más en sus pretensiones de expropiarnos buena parte de nuestro territorio; perdimos, por otro lado,  valiosas oportunidades de crecimiento, cuyas verdaderas razones algún día saldrán a la luz. Se favorecieron zonas y sectores en busca del apoyo electoral permanente que nos han enfrentado unos contra otros y que han sido la causa real de la desaparición de nuestra Identidad Ciudadana, del respeto, el cariño y la defensa de lo nuestro. Candidato que ahora se vuelve a presentar rodeado de una costosísima y atractiva parafernalia, que se insinúa  como el redentor claro, luego de una gestión que pareciera realizada a propósito para renovarle simpatías y esperanzas a este candidato reincidente, por la pésima calidad de la misma y cuyos increíbles errores convierten cualesquier futura gestión en una maravilla.

El candidato al que me refiero ha acumulado una cantidad considerable de denuncias, hay un reguero de malos indicios en el manejo presupuestario municipal, la correcta administración y el despojo de derechos laborales, pero nada se ha probado fehacientemente y lo que llama profundamente la atención es que nadie ha presentado denuncias serias y fundamentadas que permitieran abrir una profunda investigación.

Nos preocupa, a los Magdalenenses libres de su influencia y sus favores, por ejemplo, que la desproporcionada campaña electoral realizada no haya despertado la curiosidad y la duda razonable de la comunidad y los organismos electorales y que luego tenga que ser "devuelta" con intereses. No es correcto el derroche realizado, no sí las intenciones son buenas; se contradice, en todo caso. con las reales posibilidades de un candidato normal. 

Ya todo está consumado, probablemente, y podría ser que nuestra comunidad Magdalenense vuelva a cometer el error de equivocarse, pero no quería, por cobardía o facilismo, dejar de emitir mi opinión, muy personal, sobre este asunto tan grave. Su nueva elección sería catastrófica. Sólo queda pedir que Dios nos ayude.

Construyendo nuestras Ciudades: Servicios, Equipamiento e Infraestructura Urbana.

Si bien es cierto, las Ciudades tienen como  fin único y excluyente al Ciudadano y su Desarrollo Integral, todo lo que acontece alrededor de dichos ciudadanos, su entorno más próximo y alejado, tiene que ver con unas condiciones satisfactorias de habitabilidad, que permitan y promuevan el desarrollo mencionado. Nuestro maravilloso hogar, nuestra casa bonita, pertenece a un barrio, a una comunidad de familias que requieren, en primer lugar de lo que llamamos servicios básicos: agua y alcantarillado, electricidad, internet, recolección y disposición de los  residuos sólidos, pero además, de vías peatonales para trasladarse, vías de transporte vehicular para ir un poco más allá, espacios públicos abiertos, áreas verdes, parques de recreación y, finalmente, lo que llamamos infraestructura para los servicios complementarios, como salud, educación, cultura y recreación, activa y pasiva y de comercio, entre otros.

Tenemos en el Perú condiciones mínimas de urbanización y habilitación urbana exigidas, que señalan todos los requerimientos antes mencionados, pero que muchas veces no se cumplen por la intervención de intereses muy particulares que anteponen lo personal a lo comunitario y cuya óptica, públicamente reconocida es la de "oportunidad de negocio".

Uno de los servicios básicos, municipales, el que constituye el recojo y disposición final de los residuos sólidos (basura) es el ejemplo claro de que estamos haciendo mal las cosas. Organizar y contratar dicho servicio a nivel provincial, por ejemplo, significaría un ahorro de no menos del 30 % en los montos de arbitrios municipales que el vecino paga mensualmente, pero se insiste en la onerosa contratación distrital, porque sí pues, porque cada alcalde distrital "tiene el derecho a llevarse alguito". 

El importante asunto del transporte, que debería ser en 80 % o más,  público y de buen nivel, responde en nuestras ciudades peruanas a no más del 20 % del total de viajes diarios de los ciudadanos, privilegiando el transporte privado, lo que ha causado la saturación de las vías existentes y de las que estén por habilitarse, además de haber convertido la ciudad entera en parqueo, cochera y hasta cementerio de los millones de autos existentes. Se han "diseñado", construido y puesto en deficiente servicio, una cantidad increíble de pasos a desnivel, de puentes que se desploman, de inmensas moles de escaleras que no se usan porque casi nadie puede subirlas con facilidad y prefiere cruzar a la carrera, sorteando autos y jugándose la vida, las avenidas de la ciudad. Tenemos, por otro lado, costosos monumentos a la imbecilidad, erigidos, para poner el nombre del alcalde, dejar un legado personal a la posteridad y llevarse una buena cantidad de dinero para la casa.

En el asunto de la recreación activa y pasiva, las áreas verdes, parques, jardines y bermas, estamos como tierra eriaza, en cero. Lo que muchos alcaldes invierten en plantitas, plantones y omnipresentes/horribles macetones equivaldría, probablemente, a la mantención de un excelente Campo de Marte, en cada distrito, pero otra vez, no se hacen las cosas que se deben, porque cuando se hacen las cosa debidas no hay alita para mí.

Pero, por el lado opuesto, cuando se diseña en tablero y se ordena por teléfono la construcción  o renovación de nuestras ciudades, las cosas tampoco funcionan. Lo que tenemos que hacer es planificar, diseñar, desarrollar e implementar proyectos de infraestructura urbana y de Equipamiento, adecuados, inclusivos, factibles, convenientemente supervisados y verdaderamente fiscalizados. Principalmente, porque todo lo que se construye tiene un costo, que sale de los bolsillos de los ciudadanos y porque desaparecerlo, cuando se comprueba el error, es casi imposible, además del roche inmenso. Entonces, ¿por qué se siguen haciendo?

Si sabemos, por ejemplo, que el auto particular contamina, entonces no necesitamos más vías, puentes a desnivel, tréboles ni nada parecido, necesitamos tomar la decisión de limitar su uso y propender a tener un transporte público de primer nivel, multimodal, con las unidades adecuadas, las rutas básicas y complementarias convenientemente planificadas, con los paraderos necesarios y bien implementados, en lugar de los cientos de rutas que atraviesan y saturan nuestras ciudades, mediante el uso de las combis asesinas, los buses vacíos o repletos, según la suerte que te toque y con "paraderos" a gusto del cliente y ánimo del conductor. 

Historias urbanas delictivas, como lo sucedido en el distrito de Magdalena del Mar, Lima, en donde la policía municipal golpeó brutalmente a vecinos que abrazados a los árboles no querían permitir que éstos fueran talados para aumentar un carril vehicular a una vía en zona residencial, por "la necesidad" de servir a un boom inmobiliario que exigía mayor ancho de vías para seguir aprobando proyectos de mega edificios que han convertido una bella zona residencial en una próxima Babel, no deben repetirse. Aunque fuera una maldad "quitarle" el negocio a quien se beneficia con licencias de construcción indebidas.

Se ha puesto de modo, últimamente, la peatonalización forzada de vías importantes de nuestras ciudades, porque sí pues, porque se ven bonitas, porque descontaminan y nosotros somos verdes; pero se han implementado a la mala, sin resolver el transporte público, sin contar con los parqueos necesarios para propios y foráneos y allí están, canchones sucios y repletos de macetones y "arte callejero" de dudosa calidad, además de la invasión asesina de motocicletas y bicicletas que, en la práctica, han sido los verdaderos beneficiarios de estos "inteligentes proyectos"; sin contar el tremendo perjuicio a las zonas comerciales, ya deprimidas y al borde del colapso.

Finalmente, los servicios complementarios, que no son poca cosa, no en comunidades con adecuado nivel de calidad de vida, no existen, no interesan, no "son rentables", mejor dicho.

Muy bien, pongámonos serios, nuestras ciudades están languideciendo porque no se están implementando proyectos adecuados e inteligentes, que den vida a las ciudades, que las renueven, que las pongan al día, que las hagan funcionales, lo que se está haciendo es hacer negocio con las necesidades de infraestructura y servicios urbanos. Todo se ha reducido a algo tan grotesco como real: ¿A cómo el macetón/la banquita/la papelera/el postecito de lámpara/, casero? Ya, quiero tantos de cada uno, me los dejas en la puerta de la municipalidad, me pasas la factura y YA SABES CÓMO ES.

Tenemos mucho por hacer, tenemos que acabar con estas iniquidades y recuperar nuestras ciudades, si es que queremos empezar a vivir decentemente. Y, la verdad, es tan sencillo de logarlo. Y, entonces,...... ¿cuándo empezamos?

MASCOTAS ASESINAS - AUTORIDADES MUNICIPALES INERTES

Se ha producido recientemente, en Magdalena del Mar, el caso (reiterado) del feroz ataque de un perro pitbull a una vecina, se le destrozó la mano, su mascota personal recibió un feroz mordisco en el hocico y la autoridad municipal, a través de un miembro del serenazgo que presenció el hecho, se limitó a decir que sí pues, que ese perro era conocido por sus ataques, que vive en tal sitio, que pertenece a tal familia y ya está, se acabó la participación de la autoridad. La persona propietaria del can, corrió con los gastos de emergencia, se solidarizó con la persona atacada y ya está, se acabó el problema. El trauma sufrido por el animalito que fue mordido, ameritaba la intervención de los amantes de los animales, solicitando la máxima pena al agresor y el resarcimiento a su propietaria por las secuelas que dicho trauma dejará, pero no ha habido pronunciamiento alguno; por otro lado, el tremendo trauma de la señora que casi pierde una mano por la ferocidad del ataque, producido en el límite e interior de su propia vivienda y las secuelas del hecho: inhabilitación para trabajar  durante por los menos algunos meses, no han merecido el pronunciamiento de la municipalidad

Pero vamos a ver, este no es un caso aislado, no es la primera vez que se produce y, probablemente, tampoco será la última. Y, ¿eso está bien? Pues fíjense que no. En el Perú, desde el 22 de Noviembre del año 2001 tenemos vigente la Ley 27596, que REGULA EL REGISTRO JURÍDICO DE CANES y, desde el 21 de Junio del año 2002, tenemos el D.S. 006-2002-SA, que es el Reglamento formulado dentro de los alcances de la Ley Nº 27596 que regula el Régimen Jurídico de Canes, especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos, a fin de salvaguardar la integridad, tranquilidad y salud de las personas.

Además, en el artículo 10° de la mencionada Ley, se señalan las competencias municipales, provinciales y distritales, para llevar el registro integral de los canes domiciliados dentro de su territorio, con la obligación de indicar su característica de potencialmente peligroso, señalando los antecedentes de ataques y similares en los que hubiera incurrido. Y se señala la necesidad de coordinar entre la municipalidad provincial y las distritales, al respecto. Perdón, ¿qué es eso? Se refiere al trabajo, necesariamente informado y coordinado entre la autoridad provincial y las distritales, que en el país, no funciona y que mayormente se desconoce. Y, en el caso de Lima es grotesco, ya que en el período administrativo 2019-2022 el alcalde metropolitano y varios alcaldes distritales dicen pertenecer al mismo partido político, pero al parecer cada uno de ellos actúa como quiere y le conviene.

Pero, como si fuera poco, la mencionada ley conmina a las municipalidades para dictar las normas reglamentarias necesarias para su aplicación. O sea, cada municipalidad distrital debería tener su propia ordenanza al respecto o, en su defecto, ampararse y hacer cumplir la ordenanza metropolitana, que exista. Y, entonces, si esas ordenanzas existen, ¿por qué no se procede a la debida aplicación de las normas vigentes, a penalizar como se debe, a exigir resarcimiento como se debe?, en fin ¿por qué no se dispone que en esta ciudad nadie debería criar perros potencialmente peligrosos si antes no los registra, no obtiene la licencia respectiva, no declara que en la vivienda en donde habita el potencial asesino de 4 patas, todo está bien?, que, además, el propietario como lo exige la ley, cuenta con el Certificado o Constancia de Aptitud Psicológica que significa algo así como que demuestre que es capaz de criar, adiestrar, conservar y "pasear" a los animales potencialmente peligrosos y que, por tanto, carece de rasgos psicóticos que lo empujan a usar a sus fieros animales como armas letales en perjuicio de los demás. 

Finalmente y "según el Reglamento de la norma, los dueños de canes considerados peligrosos deben contratar un seguro de responsabilidad civil contra los daños que puedan ocasionar sus canes, como requisito para obtener su licencia de propiedad. La cobertura del seguro es de carácter anual y el beneficio es para cada víctima.

Según el Reglamento en su artículo 8, son considerados canes potencialmente peligrosos: la raza canina, híbrido o cruce de ella con cualquier otra raza del American Pitbull Terrier, además todos aquellos que han sido adiestrados para peleas o que hayan participado en ellas, los que tengan antecedentes de agresividad contra las personas, así como los híbridos o cruces de diferentes razas que no puedan asegurar su sociabilidad, temperamento o carácter, se incluye aquellos adiestrados para incrementar y reforzar su agresividad”.(APESEG)

O sea, todo está claro, todo está normado, todo tiene severas sanciones, pero nada se aplica y las autoridades distritales miran para otro lado ante estos feroces ataques, que Dios no lo quiera, algún día cobren la vida de alguna criatura indefensa, que juega desprevenida, en un parque, en la puerta de su vivienda o en los nuevos espacios públicos. 

La omisión de funciones, en las dependencias municipales es grave, pero la lenidad e indiferencia de quienes, como autoridades electas, han recibido el encargo de velar por una comunidad y su desarrollo, es inaceptable y en este caso concreto, es potencialmente criminal y también debería ser severamente penalizado.

CONSTRUYENDO NUESTRAS CIUDADES - Los Ciudadanos.

Cuando habitamos una ciudad, sea porque allí nacimos o porque a ella llegamos, por necesidad o conveniencia, somos responsables, para adelante, de lo que en ella suceda incluyendo los errores o aciertos que se cometan.  Una ciudad, normalmente, existe desde antes de nuestra aparición y ya cuenta con marcos normativos, con poblaciones previamente existentes, con una infraestructura y equipamiento urbano determinados y con una historia que explica y avala dicha existencia. Entonces, no somos creadores del espacio que habitamos y su entorno, pero sí somos responsables de lo que será o en lo que se convertirá, en los próximos años y todo depende de nosotros mismos, LOS CIUDADANOS.

Nuestra ciudad, nuestra casa grande, debería llenar los requisitos de un buen lugar para vivir; que pueda brindarnos todas las posibilidades para alcanzar nuestro BIEN ESTAR, contando, entre otras cosas,  con un entorno amigable y que su infraestructura crezca y se desarrolle con nosotros, en base a nuestras expectativas, nuestros propios sueños de realización, pero y sobre todo, en la seguridad de que las personas, familias, que comparten su territorio conmigo, también comparten ideas similares sobre lo que es un lugar ideal para vivir. 

No es suficiente, entonces, que yo tenga "mi" casa propia, que cubra "mis" necesidades personales, familiares y que no me meta ni le cause problemas a nadie. Pues no, para VIVIR EN COMUNIDAD se necesita mucho más. Debo ser consciente de que no existo ni vivo solo, que así como exijo respeto para mi forma de vivir, excentricidades incluidas, también debo respetar a los demás y su peculiar forma de vivir, asegurándome de que TODOS nos sentimos bien, cediendo en algunas cosas, ratificando otras y exigiendo otras más. Así como todos tenemos derechos humanos universales que se exigen y se cumplen, también tenemos DERECHOS URBANOS, que surgen de una especie de PACTO DE CONVIVENCIA URBANA  tácito, que establecemos como patrón de comportamiento, basándonos no solo en la las leyes, la urbanidad, la moralidad y demás, sino en cosas intangibles, que habitan y podrían desarrollarse en nuestro sub consciente, como la IDENTIDAD CIUDADANA, el SENTIDO DE PERTENENCIA, la CULTURA CIUDADANA y la REPONSABILIDAD CIUDADANA, que se reduce a, por ejemplo: Sí pues, Soy CHICLAYANO, amo a mi ciudad, estoy orgulloso de ella y soy capaz de cualquier cosa por ella.    

No hay forma de alcanzar un BUEN NIVEL DE CALIDAD DE VIDA sino establecemos en forma conjunta, yo y los demás, los demás y yo, la idea clara de la manera en cómo queremos vivir, en qué queremos convertirnos, como comunidad y cómo queremos que sea vea y se aprecie nuestra ciudad. Tenemos que pensar entonces en organizarnos convenientemente, establecer normativas y planes, serios y factibles que garanticen que todo lo que hagamos estará siempre dirigido hacia el objetivo único y excluyente, de mejorar nuestra calidad de vida. Menos mal, que en el país ya existen estructuras ciudadanas básicas, que nos indican cómo proceder y qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. De nuestra capacidad y decisión depende revisar dichos procesos y fórmulas y mejorarlos, si cabe, para alcanzar nuestro objetivo.

Queda claro, entonces, que LA RAZÓN DE SER DE UNA CIUDAD ES EL CIUDADANO que toda su infraestructura y equipamiento urbano, además de los servicios básicos y complementarios, así como su ordenamiento y proyección futura, gira en torno a él y su familia. Y ¿cómo lo logramos? Teniendo las cosas claras, informándonos, opinando, debatiendo, exigiendo, si fuera necesario, que todo lo que se haga dentro y fuera de nuestras ciudades, sea para NUESTRO ÚNICO Y EXCLUSIVO BENEFICIO.

Tenemos DERECHOS, por supuesto, pero con ellos vienen nuestros deberes y responsabilidades. Al convivir con otras personas, con otras familias, necesitamos ordenarnos, necesitamos en primer lugar, ponernos de acuerdo hacia adónde queremos ir, cómo queremos vivir y qué tenemos que hacer para lograrlo. Eso se llama ORGANIZACIÓN. Ya hemos dejado atrás los clanes y las tribus, las cuevas y la ley del más fuerte. ahora necesitamos un ambiente de concordia, de paz, de armonía, de PONERNOS DE ACUERDO, Ya nos hemos organizado en territorios/municipios y tenemos instituciones que nos gobiernan, la más cercana a nosotros, la municipalidad y también tenemos definida la forma de elegir a nuestros gobernantes; pero sucede que un buen gobierno, una buena gestión municipal es, en un 60 %, producto de nuestra elección personal y la forma en que se conduzcan esas autoridades estará en proporción directa a la calidad y cantidad de nuestra PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La calidad de nuestro entorno, los vecinos que tengamos, las normas que nos gobiernen y los proyectos a mediano y largo plazo, son también de nuestra entera responsabilidad. Los malos gobernantes, municipales, regionales y nacionales, no llegan al poder y a disponer de nuestros presupuestos y de nuestro propio futuro por obra de milagro, sino por nuestra elección consciente y razonada y se mantienen o reeligen, a pesar de ser incapaces o corruptos, por nuestra desidia e indiferencia.

Entonces, esas hermosas ciudades que sabemos que existen, pero bien lejos de nuestra realidad, no responden a un hechizo, a un acto de birlibirloque, sino a un arduo trabajo, conjunto, de los ciudadanos y sus representantes o gobernantes de turno.

Y ahora que ya sabes cómo funcionan las ciudades, quieres mejorar la tuya? Solo depende de ti y de tu decisión para lograr el cambio necesario.

Certificado de Salud Mental para los candidatos Municipales.

En nombre de la democracia se siguen cometiendo una serie de desatinos y permitiendo la existencia de vacíos que avalan personas y situaciones que terminan propiciando el desgobierno y el caos urbano en nuestras ciudades,. Tenemos en el Perú una de las legislaciones más permisivas en cuanto a requisitos exigibles para postular a un cargo en los gobiernos locales. Resulta que el candidato a alcalde sólo debe demostrar que es ciudadano en ejercicio, que tiene DNI vigente y que ha estado viviendo los dos últimos años en la jurisdicción por la que postula o, que tiene un domicilio múltiple, o sea que podría vivir acá, trabajar allá y tener sociedades más allá, pudiendo postular en cualquiera de los tres sitios. Entre los documentos a presentar se le exige  también, certificados de antecedentes penales y judiciales, osea, debe demostrar que no es reo contumaz, que no tiene sentencias pendientes de cumplimiento y que, en suma, es una persona medianamente decente. Pobre de él si tuviera una denuncia por maltrato familiar o animal o si no fuera fiel proveedor de alimentación, educación y salud de los hijos propios, dentro y fuera del matrimonio; se le exige, además, una exhaustiva declaración jurada de bienes y rentas, algo así como para saber con cuánto entras y con cuánto sales, entre otras minucias más. Pero resulta que nadie se preocupa por LA SALUD MENTAL DEL CANDIDATO, cuya insania podría ser la causa de graves errores o inmensos despropósitos a la hora de ejercer funciones como autoridad, sea por falta de un adecuado proceso de sinapsis,  producido por herencia genética o por accidente, o por un trastorno de personalidad, producido o agravado por exceso de ingesta de estimulantes, o por inyectarse o inhalar cosas indebidas. Este enorme vacío en nuestras ley electoral municipal ha permitido que innumerables personas, simpáticas ellas, decentitas ellas, de lustroso apellido también, saquen a relucir, en la hora nona, la más feroz angurria, el más desbocado delirio de grandeza o complejo de rico, amante de lo ajeno, entre otras cosas y que, además de reventar a la comunidad en la que ha sido elegido como autoridad, se ha levantado en peso, sin la menor pena ni remordimiento,  el presupuesto y hasta el patrimonio municipal. 

Sí se exige, en cambio, el mencionado Certificado de Salud Mental, para trámites administrativos personales, para demostrar por ejemplo, que no se te cruzan los chicotes y eres capaz, a la hora de administrar "tus propios bienes", que no te los vas a gastar en un ratito para que puedas compartirlos con tus pobrecitos descendientes, así como para otorgarte una licencia para portar armas, no vaya a ser, de acuerdo al espíritu de la ley, que salgas a la calle a darle vuelta a todo cristiano que se le ocurriera cruzarse en tu camino. Y, pregunto entonces, para una persona que va a manejar el presupuesto y el patrimonio total de una comunidad distrital o provincial, que debe dirigir o mandar sobre 50 o 500 subordinados, que debe usar el dinero de los contribuyentes y las partidas del gobierno nacional, en algunos casos bastante abultadas, que va a decidir sobre el bienestar futuro de 50,000 o 100,000 familias, no se le exigen pruebas de salud mental? Sí pues, parece UNA COSA DE LOCOS.

Autoridades en ejercicio que mienten en todos los idiomas, que sustraen lo que no les pertenece casi sin darse cuenta, que se adueñan de todo lo ajeno sin problema alguno, que hacen negocios indebidos con las personas incorrectas, que extorsionan a contribuyentes que necesitan permisos a autorizaciones, que creen firmemente que son dueños de una chacra a la que llaman municipio, que todo les pertenece, que abusan, en fin, que se han ganado un merecido lugar en el top 10 del ranking internacional de los ladrones de cuello y corbata, podrían y deberían haber sido retirados de las contiendas electorales para evitar el triste panorama delictivo que nos adorna, pero que por falta de un tan simple como necesarísimo certificado, no se ha podido evitar.

Los señores congresistas, tan preocupados por evitar que los que no son de sus propios partidos o de los de sus amigotes, lleguen al poder, promulgan leyes, anticonstitucionales, que evitan la participación de candidatos independientes, deberían tomar nota de este detalle y trabajar en el asunto, inclusive por su propia salud partidaria, porque se dan casos de dirigentes que venden candidaturas, negocian con las listas de candidatos a regidores o imponen cupos, porque sí pues, porque pueden y porque nadie se atreve a decirles nada, dejando al partido como palo de gallinero y con argumentos suficientes para perder la inscripción partidaria ante el JNE.

Lo peor de todo, es que los desórdenes mentales, los traumas severos y los grandes complejos, muchas veces no se notan, sobre todo en los candidatos astutos y profesionales del engaño y solo salen a relucir cuando ya es demasiado tarde y esa persona ególatra, autoritaria, mitómana, bipolar, borderline, o todo ello junto, ya está en el poder.

Qué maravilloso sería que un Concejo Municipal, aunque solo fuera uno, de las más de 1,800 municipalidades que tenemos en el país, pudiera discutir, redactar, aprobar y elevar al congreso una iniciativa de ley, con la exigencia de incluir este requisito en la ley de elecciones municipales. Y es que ya no se trata sólo de ideologías, filosofías, extremismos, ni siquiera de incapacidad intelectual, se trata de algo mucho más importante y sumamente peligroso, de INCAPACIDAD MENTAL. 

DE TAULICHUSCO A MUÑOZ Y LAS 50 LIMAS.

Hace 487 años los invasores españoles tomaron la decisión de apropiarse de una bien organizada y auto suficiente comunidad asentada en el valle del río Rímac. Su curaca, regente, por designación del inca, era Taulichusco y este señor, viendo las cosas perdidas no tuvo más remedio que entregar el suntuoso palacio que ocupaba, cuyo terreno, ahora ocupa el palacio de gobierno nacional, así como la inmensa cantidad de tierras que gobernaba. Los señores españoles retacearon el territorio y se lo repartieron a su regalada gana, a partes iguales, entre nobles, chancheros y delincuentes comunes, casi igual que ahora. Luego nombraron como alcalde de esa hermosa comarca a don Nicolás de Ribera y la bautizaron con el nombre de Ciudad de los Reyes. Se han sucedido alrededor de 350 gestiones municipales, entre buenas, regulares,malas y pésimas, pero a pesar de los graves errores cometidos y algunos terribles crímenes de lesa urbanidad, nuestra capital sigue viva, para beneplácito de todos los limeños, propios y adoptados.  

Lima es hermosa. Contamos con buena arquitectura colonia, virreinal, republicana y moderna. Tenemos un clima benigno, contamos con hermosos litorales marítimo y ribereño y estamos rodeados de fértiles valles que nos alimentan, entre otras múltiples maravillas. Pero hemos hecho las cosas muy mal, casi al revés. En el Perú, el peor enemigo de la buena gestión pública es la política partidaria de baja estofa con que contamos. Esa misma que, a través de un congreso coludido, ha tasajeado nuestra gran ciudad, con leyes de creación de hasta 50 cacicazgos modernos, distritos que les llaman, haciendo imposible una gestión integral e integrada. Y en épocas actuales, cada cuatro años, la pugna por ocupar la mayor cantidad de sillones municipales se ha convertido, literalmente, en el juego infantil del baile de las sillas, en donde TODO VALE, desde cabes, empujones, berrinches públicos y, por supuesto, derroches tremendos de dinero. Lo único importante, desde el punto de vista político partidario, es que se puedan ocupar la mayor cantidad de plazas municipales, en todo el país, que jueguen para sus propios y oscuros intereses: convertir las municipalidades en agencias de empleo para sus correligionarios, con un 99.9 % de incapaces, repartir la mayor cantidad de obras públicas entre los auspiciadores que pagan sus costosas y ridículas campañas electorales municipales y, bueno, convertir las gestiones municipales en escuelitas personales de aprendizaje de sus partidarios, pagadas por los contribuyentes, para seguir ascendiendo en el escalafón político, para luego pasar a apropiarse de las regiones, el congreso y a la presidencia. Sí pues, ahí todo tiene sentido.

Administrar una ciudad es un tema de capacidad de función, de preparación previa, de formación académica, de experiencia laboral, de visión de ciudad y de coraje para manejar situaciones adversas. Pero los alcaldes metropolitanos y distritales, en su mayoría, que han pasado por los 50 municipalidades de Lima-Callao, que nunca debió dejar de ser la unidad territorial que es, dicho sea de paso, lo que han logrado es diluir el principio de autoridad, publicar normas locales con nombre propio y beneficio particular y anular la continuidad de planes y proyectos metropolitanos que deberían haber prevalecido antes que cualesquier preferencia y capricho distrital. Manejar eficientemente una ciudad, en esas condiciones, es IMPOSIBLE.  

Lima y todas nuestras grandes ciudades del país adolecen de los mismos problemas, así que lo que se recomendaría es empezar por la reestructuración de las mismas, con una mejor Ley Orgánica de Municipalidades, con una totalmente diferente Ley de Elecciones Municipales, con un congreso que legisle y fiscalice convenientemente y con un ejecutivo que sepa y tome en cuenta, que si la mayoría de los problemas que nos aquejan se pudieran solucionar en los propios barrios, que es en donde nacen, jamás llegarían a ser problemas nacionales. 

Necesitamos un buen ALCALDE para Lima y para cada ciudad del país. Ojalá podamos celebrar los 488 años de fundación de nuestra capital con un alcalde a la altura de las exigencias. Me apena decirlo, pero el señor Jorge Muñoz, en el mejor de los casos, no tiene la menor idea de lo que hay que hacer, en el peor de los casos, está sirviendo a grupos que solo quieren aprovecharse de su gestión. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el objetivo, único y excluyente de una Gestión Municipal, es el de lograr el desarrollo integral de sus Ciudadanos, sin excepción y, segundo, que en los propios Ciudadanos recae la responsabilidad ineludible de cogobernar su comunidad. FELIZ ANIVERSARIO QUERIDA LIMA.

Los Parapentes de Magdalena del Mar.

Ya se va a cumplir un año desde que varios armatostes, muy ruidosos y alados, surcan los cielos del litoral del distrito de Magdalena del Mar. Los vecinos, especialmente los que viven en los edificios y entorno de los acantilados, han denunciado el hecho a las autoridades municipales repetidas veces. Han suplicado en todos los tonos que cese ese martirio diario de 10 am a 6 pm que les está causando un terrible estrés. ¿Por qué siguen haciéndolo? La respuesta correcta es PORQUE PUEDEN,  porque saben que nadie les va a decir nada y, sobre todo, porque tienen que recuperar la inversión realizada en la adquisición de esas ruidosas, casi apocalípticas máquinas. Se hizo la consulta directa a la persona encargada de fiscalización de la municipalidad y respondió: Tratamos de evitar que funcionen, bajamos a la playa acompañados de los serenos, les pedimos que se retiren y no lo hacen, es más, nos amenazan físicamente. ¿Qué pasa en Magdalena del Mar? ¿Hay autoridad, hay normas que cumplir, hay procedimientos administrativos que indican qué hacer en este y otros casos similares? O no hay nada de lo anterior y en ese distrito todo el mundo hace lo que le da la gana?                            

Vamos a tratar de entender lo que está sucediendo. Esas ruidosas máquinas, cuatro, a decir de los propios vecinos, pertenecen a alguien que está llevando a cabo un emprendimiento dentro del distrito. Qué bien, merecería nuestro total apoyo y felicitación por tratar de sacar adelante una pequeña empresa en estos difíciles momentos. Pero resulta, que esa "empresa/club/asociación" no tiene autorización alguna. Y no la tiene, simplemente, porque la Municipalidad de Magdalena del Mar no ha normado el procedimiento, ergo, no puede emitir la autorización correspondiente y, lo lógico, es que no pudieran funcionar, ni prestar servicios dentro del distrito. Entonces, los que están promoviendo ese negocio, no deben hacerlo y punto. Es cierto que las municipalidades tienen competencias y atribuciones que no pueden rebasar. Como, por ejemplo, no pueden decomisar, multar convenientemente y, menos detener, a los implicados. Pero, cuando no hay gato encerrado, negociados bajo la mesa, o indebidos favoritismos a parientes y amigos, se toman las medidas y ejecutan las acciones, que una buena y correcta administración sabe que se puede y debe hacer.

Ese tipo de club, asociación o empresa debe tener una autorización emitida por el ministerio de transportes y comunicaciones, que es la única entidad que puede hacerlo. Como autoridad del distrito cabe, entonces, acercarse a los señores propietarios de los, parapentes motorizados y pedirles dicha autorización, habida cuenta que sabemos que no tienen la autorización municipal distrital. Si tuvieran la autorización ministerial, pedirles copia de la misma y revisarla. ¿No la tienen? Denunciar el hecho al propio ministerio. Y ya está. ¿La tienen? Bueno pues, es evidente que se están infringiendo algunas cláusulas de dicha autorización ministerial, como el que no deben sobre volar por encima de las zonas residenciales y, tampoco, realizar esa actividad en forma comercial. Listo, ya tenemos la mejor forma de evitar lo que está sucediendo. Lo que sigue es que el ministerio enviará fiscalizadores, le retirará la autorización a esa empresa y, con el auxilio de la fuerza pública, la PNP, decomisará los implementos y se acabó el asunto. Lo peor que podría pasar es que hubiera un negociado con el ministerio de transportes y que éste ente no se pronunciara. Bueno, ahí todavía queda la posibilidad de que el procurador municipal presente la denuncia en paralelo a las autoridades judiciales correspondientes. Ese es el procedimiento legal y aunque toma su tiempo, cabe realizarlo correctamente, para que el resultado sea favorable a la tranquilidad y seguridad ciudadana y en forma definitiva.  

Pero y qué se podría hacer mientras tanto, para que los sufridos vecinos dejen de pensar cosas feas como que ese debe ser un negociado con la alcaldía o con el funcionario fiscalizador? La verdad, es muy sencillo. Además de la inmediata denuncia a Defensoría del Pueblo por medio del procurador y la solicitud municipal del apoyo policial para la erradicación de esa fuente de trastornos ciudadanos, se debe actuar con ganas e inteligencia. Esas máquinas necesitan una pista de despegue y aterrizaje y para ello cuentan un inmenso terral, al borde de la Costa Verde; sería conveniente, entonces,  anular esa facilidad con la colocación temporal de bloques de concreto, con los que sí cuenta la municipalidad, cada 20 metros y se acabó la pista gratuita e indebida. En Magdalena del Mar sí existe, vigente, una ordenanza contra los ruidos molestos, entonces habría que, con el auxilio de la PNP, solicitar el retiro inmediato de dicho grupo de personas y sus máquinas. Porque, además, la ordenanza municipal contra la emisión de ruidos molestos, permite la penalización y el decomiso de las fuentes emisoras de contaminación acústica.   

Por otro lado, las únicas municipalidades que sí han normado ese maravilloso deporte de aventura, como atracción turística y práctica recreativa, mediante sendas ordenanzas municipales. son las municipalidades de Miraflores y Pachacamac y sus reglamentos están respaldados por decretos de alcaldía que son muy claros: no deben sobre volar aglomeraciones de personas ni zonas residenciales. Ciertamente, de la cuestión económica no se ocupan. Miraflores autoriza a sobre volar los espacios públicos vecinos, pero la parte que corresponde a despegue y aterrizaje, está dentro de su propio territorio, convenientemente normado. Bueno pues, esa es la forma correcta de hacer las cosas.

Entonces, señor alcalde ¿por qué no se actúa en consecuencia? Quiero pensar que es por desconocimiento o por temor a cometer abuso de autoridad, que nace del mismo desconocimiento y, sería preferible, que fuera hasta por incapacidad, pero nunca por colusión. Hágase una, señor alcalde del distrito de Magdalena del Mar, actúe de acuerdo a lo que la razón, las atribuciones que le competen y su enunciada capacidad de entrega al trabajo, para mejorar la calidad de vida del distrito, que le confió dicha responsabilidad. Todos los vecinos se lo van a agradecer.   

Y, finalmente, pero no menos importante. ¿Existe en la Municipalidad de Magdalena del Mar, un Concejo Municipal, ese que según la Ley Orgánica de Municipalidades, es la verdadera y mayor instancia de gobierno dentro del distrito? ¿Sí? No está de más, entonces, recordarle al honorable cuerpo de regidores, que todo lo que se haga o deje de hacer dentro del distrito en el que han sido elegidos para legislar y fiscalizar, es corresponsabilidad suya. Lo saben, ¿verdad?

OIGA USTED, SEÑOR MINISTRO DE SALUD

Señor Hernando Ismael Cevallos Flores, ¿ha tomado usted conocimiento de lo que está sucediendo con los asegurados que viven en Magdalena del Mar y distritos aledaños, en Lima? Son más de 50,000 asegurados que de la noche a la mañana, han sido privados de la atención que por ley les corresponde, en el centro de salud que les había sido señalado y al que han acudido a atenderse durante años porque ahora ese local, se dice, debe cerrar? ¿Qué pasó con el dinero religiosamente aportado durante décadas por esos asegurados? ¿Qué pasó con el principio de subsidiariedad, que dice que hay que cubrir costos ahí en donde no pueden cubrirse, por falta de presupuesto o lo que fuera, para que TODOS, sin excepción, reciban la atención que requieren? Qué pasó con las declaraciones del señor Presidente de la República de mejorar la atención de salud, especialmente la de los más desfavorecidos y vulnerables, como los que ya caminan, a paso cansado, por la tercera edad? Lamento que el señor presidenta de Essalud, Mario Carhuapoma, haya mencionado como principal argumento, que en el local en donde deberían estar asistiendo a atenderse hasta 50,000 pacientes, sólo están asistiendo 7,000 en promedio y que por ello debe cerrarse este local. En realidad, señor Ministro y el señor Carhuapoma lo sabe, quienes no han solicitado citas en estos últimos 18 meses, no lo han hecho por miedo a contagiarse al tener que juntarse con otros pacientes, por pensar que mejor posponían tratamientos que necesitaban, aún los urgentes, en lugar de exponerse y que muchos hayan optado por mendigar apoyo familiar para seguir esos tratamientos en clínicas privadas, para evitar aglomeraciones. Resulta que ahora esos más de 50,000 asegurados tendrán que repartirse entre los locales de Jesús María y el Cercado de Lima, que aunque ahora puedan no tener mucha presión de atención, pero por la misma razón de ausencia como en el local de Magdalena del Mar, dentro de muy poco y gracias a la brillante campaña de vacunación contra el Covid 19 que usted ha dirigido con mucho acierto, todo volverá a la normalidad y esos dos locales señalados no solo reventarán de pacientes, sino que será imposible brindar los servicios complementarios a tanto asegurado. ¿Está queriendo usted auto petardear su propia y casi excelente Gestión señor Ministro?

¿No será y disculpe usted la atrevida suposición, porque argumentos razonables no encuentro, que lo que se está produciendo con el IPRESS MAGDALENA DEL MAR es el desalojo a un inquilino precario que habría dejado de pagar muchos meses de arriendo libremente pactado y los propietarios del local, puedan haber dicho bueno ya fue suficiente. ¿Sabía usted de esa posible "irresponsabilidad" señor Ministro? ¿Conoce y ha hecho algo contra los que resulten responsables?

Las normas de protección al asegurado y a su inalienable derecho de ser atendido de la mejor forma posible no se están aplicando en un gobierno que ofreció apoyar a todos y desaparecer desigualdades. ¿No será que usted y sus altos funcionarios, se atienden en exclusivas clínicas privadas, por lo que no conoce lo que los pobres asegurados tienen que pasar para poder ser atendidos? Lo que nadie podría objetar y sí felicitar, mientras que lo hicieran con su propio dinero, salvo que ello no le permitiera a usted darse cuenta que por otro lado, hay demasiada gente de a pie que también merecería un trato digno y una atención adecuada, en buenos locales y con profesionales de primer nivel y que se suponía el estado tenía la obligación de defender.

No está de más señalarle que casi la totalidad de estos asegurados virtualmente desalojados y abandonados a su suerte, pertenecen a la tercera edad y que, por ejemplo, el local de Jesús María es demasiado estrecho y que desarrolla sus actividades en 5 pisos, de difícil acceso aún con ascensor; que, además, dada la exigua pensión que reciben estos sufridos pensionistas asegurados no podrían cubrir su desplazamiento a otro distrito si tuvieran que pagar un transporte privado y tendrán, más bien, que hacinarse en vehículos de transporte público, justo en estos momentos de pandemia. Cabe señalar que, los servicios que se prestaban en el IPRESS de Magdalena del Mar, eran variados y casi completos, garantizando una adecuada atención y cubriendo las necesidades de análisis requeridos y que no existen, no se brindan, en al menos uno de los locales de reasignación. ¿No será que alguien está pretendiendo hacer negociados con la contratación directa de servicios médicos complementarios a esas empresitas fantasmas que aparecen, justo, en donde está el negocio? Demasiadas cosas sueltas, señor Ministro. Está usted seguro de poder cargar con ese peso, o podrá usted arreglar las cosas dentro de su propia casa e instruir a quien corresponda, anular este atropello al asegurado PERUANO?

Finalmente, se ha indicado que las citas previas, los tratamientos iniciados, las operaciones ambulatorias acordadas, los análisis realizados, ahora que se piensa derivar a los pacientes a otros locales lejanos, todo, enteramente todo, vuelve a fojas cero y habrá que iniciar todo el proceso, desde la cita inicial, con medicina general. Eso ya no es maltrato, señor Ministro, eso ya es un abuso perpetrado por la peor calaña de funcionarios que pudiera existir.

Se podría haber contado con la alcaldía de Magdalena del Mar, que en todo momento ha manifestado ser contraria a esta irracional disposición, en defensa de sus vecinos; o con la Beneficencia Pública y otras instituciones para evitar este atropello a los asegurados, tratando de encontrar un local adecuado para este servicio, en un radio de desplazamiento aceptable, pero no, se optó por lo más sencillo, por lo menos eficiente, por ¿lo más conveniente y rentable?

Existe una serie de versiones con las "verdaderas razones" del cierre de este local, desde la más descabellada, de reducir, a la mala, por falta de la atención requerida, a buena parte de esa carga de asegurados de la tercera edad, hasta la más probable, que hay necesidad de favorecer a nuevos médicos, nuevo personal administrativo y auxiliar y a nuevas empresas de tercerización que están formando cola exigiendo que ustedes cumplan con el ofrecimiento de: Cuando lleguemos les daremos trabajo a todos los que nos apoyaron. Estoy plenamente convencido que no es así. ¿Podrá usted, demostrarlo, señor Ministro de Salud?

ESPERAMOS QUE SÍ.