El día de ayer, sábado 5 de Octubre 2022 se publicó, en un importante periódico de circulación nacional, un artículo del señor Carlos Bruce sobre el tema del desarrollo urbano sostenible y su propuesta de facilitarle tierras eriazas del estado, pero completamente urbanizadas, a las inmobiliarias para que puedan construir mega proyectos, valiéndose de curiosos decretos supremos que "promueven" la construcción de unidades de vivienda de interés social para que luego puedan ser vendidas a precios escandalosos. Según la propuesta Bruce, las inmobiliarias ya no tendrían que invertir en procurarse los servicios públicos básicos, sino recibir, como regalo del estado inmensos terrenos saneados y urbanizados, totalmente listos para construir. El señor Bruce, a pesar de las denuncias de aprovechamiento indebido de su cargo congresal para beneficio propio, debe ser una buena persona, pero su proceder no es imparcial y, definitivamente, no está del lado de los sin techo y, al parecer, no tiene el menor interés real en mejorarles sus condiciones de vida familiares. Desde su paso por el ministerio de vivienda se impusieron algunos decretos no solo permisivos sino lesivos al desarrollo armónico de nuestras ciudades. Cuando acompañó en la postulación presidencial a la señora Fujimori su caballito de batalla, tal vez para vender bien la candidatura entre los grupos económicos grandes, fue precisamente ésa: Ceder tierras de propiedad del estado en subastas "especiales" que favorecieran a las grandes inmobiliarias del país y que así pudieran ahorrase el costo tremendo de sanear y urbanizar terrenos, cargándose este costo al ahorro de todos los peruanos. Y éso no es justo. Se pretende replicar el mismo proceso de las irrigaciones nacionales que han sido un gran negocio para unos cuantos privilegiados. Los grandes proyectos de irrigación nacional han sido una gran cosa, es cierto, pero el estado invirtió enormes cantidades del presupuesto nacional en derivar ríos, canalizar sus aguas y conducirlas a grandes distancias y cuando ya las tierras tuvieron la seguridad del riego, se procedió a lo que se denominó la subasta de las tierras irrigadas, listas para ser sembradas. Eso podría haber sido maravilloso pero resulta que las subastas para colocar dichas tierras se hicieron totalmente amañadas, con evidente favorecimiento a las grandes empresas nacionales y extranjeras, que han podido hacerse de inmensas tierras de cultivo en las mejores zonas de Arequipa y de Olmos, para mencionar los casos reales. Ningún pequeño agricultor local pudo acceder a la compra de dichas tierras porque los macro lotes sacados a la venta, eran de miles de hectáreas que solo podrían haber pagado y así sucedió en la realidad, las grandes empresas, con dinero barato de las grandes entidades bancarias que usan el dinero de los pequeños ahorristas a los que pagan centavos de interés, para acumular grandes cantidades y tener acceso a esta feria de negocios grandes. Sobre ese tema ya no se puede abundar porque ya pasó, está oleado y sacramentado y bueno pues, para qué lamentarse. Pero para quienes creemos que cosas similares no deberían suceder en el ámbito urbanístico nacional, podemos decir que existen infinidad de soluciones para abaratar vivienda, para poner al alcance de las personas de menos recursos, viviendas dignas, pero con el concurso de sus gobiernos locales y la capacidad de funcionarios de primer nivel. No podemos, no debemos, aceptar que despropósitos como el señalado, se sigan dando.
La incapacidad de las autoridades municipales para intervenir en el asunto ya no solo parece ser por ignorancia, raya mas bien en el contubernio y el interés económico personal. Alrededor de nuestras ciudades existen cordones de tierras eriazas del estado, que son indebidamente manejadas, a las que se accede por denuncios, es decir a un costo de cero soles y que luego son usadas para la expansión urbana de nuestras ciudades, cuyos propietarios, en algunos casos, se han visto beneficiados con el cambio de dirección de la expansión urbana previamente planificada, justo hacia las zonas donde esas tierras se encuentran ubicadas. A través del tiempo hemos visto crecer, no desarrollarse, nuestras ciudades hacia zonas insospechadas, que se convierten en depósitos de ahorro de grandes montos. Hay infinidad de casos en los que se adquirió a unos cuantos soles la hectárea (10,000 m2), para revenderse, gracias a su ubicación, a cientos de dólares el m2. A ello podemos añadir un recurso de esos grandes beneficiados que no por indebido no ha sido común en las décadas pasadas; para ahorrarse los costos de urbanización que podrían ser onerosos si de ampliar redes de los servicios básicos se trataba. Algunos "empresarios recursivos" se dieron cuenta que al poseer un bolsón de tierra ex eriaza o de cultivo y ahora reconocida como de expansión urbana, podrían beneficiarse usando a terceros para acceder a un costo menor de la expansión de los servicios básicos. En alguno que otro caso se propiciaron invasiones ilegales de cientos de familias que exigían a gritos, luego de poner su banderita y hacerse de tierras gratuitas para su vivienda, ubicadas digamos a 10 km del área cubierta por los servicios básicos, se les brinden los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Una vez logrado dichos servicios las tierras ubicadas en zonas intermedias entre las zonas invadidas y el núcleo urbano existente, se vieron beneficiadas con que los servicios pasaban en frente y al costado de su ubicación y se ahorraban una buena cantidad de dinero al poder colgarse de esas redes. Como eso ya no es posible, porque ya las invasiones no se permiten, entonces ahora se buscan otras formas de beneficiar a las grandes inmobiliarias, que nunca la han sudado, nunca le han puesto el hombro a un adecuado desarrollo urbano de nuestras ciudades pero que siguen exigiendo y consiguiendo prebendas que les generen la mayor rentabilidad posible, probablemente con unos cuantos miles de dólares de comisión oficial.
Muy bien, estamos planteando que ya no nos vean las caras, entonces qué hacemos para solucionar el problema de la falta de vivienda digna para los peruanos? Primero, los gobiernos locales tienen que asumir su función, fijada como responsabilidad en la Ley Orgánica de Municipalidades, de trabajar por el desarrollo pleno de los ciudadanos y sus familias.
Necesitamos que los gobiernos locales asuman la administración directa de las tierras eriazas que posee el gobierno nacional y que está dispuesto a ceder para beneficio de la población. Realizar proyectos urbanísticos multifamiliares mediante asociaciones público privadas; contar con un banco de proyectos arquitectónicos y sus respectivos expedientes técnicos; con cajas de ahorro municipales que financien directamente y con tasas convenientes, dichos proyectos constructivos, que exista una oficina municipal técnica dedicada a sanear las obras y apoyar en la inscripción de las mismas, además de propender a los proyectos municipales de vivienda de alquiler. Y es que no hay necesidad de pretender que todos los peruanos sean propietarios, mediante la adquisición de préstamos hipotecarios que secuestren la vida total de los prestatarios, pagando intereses agiotistas a entidades financieras que tienen como objetivo real hacerse de las propiedades que los prestamistas dejen de pagar por la incierta estabilidad económica de la casi totalidad de familias peruanas. Lograr que las cosas cambien suena harto difícil, no? Si pues, pero es la única forma de alcanzar el correcto desarrollo de nuestras ciudades, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de brindar esa equidad tan necesaria para que nuestra sociedad no colapse de cuando en cuando, por esa odiosa y enorme brecha económica que existe y que se sigue expandiendo, entre peruanos y peruanos.
