En nombre de la democracia se siguen cometiendo una serie de desatinos y permitiendo la existencia de vacíos que avalan personas y situaciones que terminan propiciando el desgobierno y el caos urbano en nuestras ciudades,. Tenemos en el Perú una de las legislaciones más permisivas en cuanto a requisitos exigibles para postular a un cargo en los gobiernos locales. Resulta que el candidato a alcalde sólo debe demostrar que es ciudadano en ejercicio, que tiene DNI vigente y que ha estado viviendo los dos últimos años en la jurisdicción por la que postula o, que tiene un domicilio múltiple, o sea que podría vivir acá, trabajar allá y tener sociedades más allá, pudiendo postular en cualquiera de los tres sitios. Entre los documentos a presentar se le exige también, certificados de antecedentes penales y judiciales, osea, debe demostrar que no es reo contumaz, que no tiene sentencias pendientes de cumplimiento y que, en suma, es una persona medianamente decente. Pobre de él si tuviera una denuncia por maltrato familiar o animal o si no fuera fiel proveedor de alimentación, educación y salud de los hijos propios, dentro y fuera del matrimonio; se le exige, además, una exhaustiva declaración jurada de bienes y rentas, algo así como para saber con cuánto entras y con cuánto sales, entre otras minucias más. Pero resulta que nadie se preocupa por LA SALUD MENTAL DEL CANDIDATO, cuya insania podría ser la causa de graves errores o inmensos despropósitos a la hora de ejercer funciones como autoridad, sea por falta de un adecuado proceso de sinapsis, producido por herencia genética o por accidente, o por un trastorno de personalidad, producido o agravado por exceso de ingesta de estimulantes, o por inyectarse o inhalar cosas indebidas. Este enorme vacío en nuestras ley electoral municipal ha permitido que innumerables personas, simpáticas ellas, decentitas ellas, de lustroso apellido también, saquen a relucir, en la hora nona, la más feroz angurria, el más desbocado delirio de grandeza o complejo de rico, amante de lo ajeno, entre otras cosas y que, además de reventar a la comunidad en la que ha sido elegido como autoridad, se ha levantado en peso, sin la menor pena ni remordimiento, el presupuesto y hasta el patrimonio municipal.
Sí se exige, en cambio, el mencionado Certificado de Salud Mental, para trámites administrativos personales, para demostrar por ejemplo, que no se te cruzan los chicotes y eres capaz, a la hora de administrar "tus propios bienes", que no te los vas a gastar en un ratito para que puedas compartirlos con tus pobrecitos descendientes, así como para otorgarte una licencia para portar armas, no vaya a ser, de acuerdo al espíritu de la ley, que salgas a la calle a darle vuelta a todo cristiano que se le ocurriera cruzarse en tu camino. Y, pregunto entonces, para una persona que va a manejar el presupuesto y el patrimonio total de una comunidad distrital o provincial, que debe dirigir o mandar sobre 50 o 500 subordinados, que debe usar el dinero de los contribuyentes y las partidas del gobierno nacional, en algunos casos bastante abultadas, que va a decidir sobre el bienestar futuro de 50,000 o 100,000 familias, no se le exigen pruebas de salud mental? Sí pues, parece UNA COSA DE LOCOS.
Autoridades en ejercicio que mienten en todos los idiomas, que sustraen lo que no les pertenece casi sin darse cuenta, que se adueñan de todo lo ajeno sin problema alguno, que hacen negocios indebidos con las personas incorrectas, que extorsionan a contribuyentes que necesitan permisos a autorizaciones, que creen firmemente que son dueños de una chacra a la que llaman municipio, que todo les pertenece, que abusan, en fin, que se han ganado un merecido lugar en el top 10 del ranking internacional de los ladrones de cuello y corbata, podrían y deberían haber sido retirados de las contiendas electorales para evitar el triste panorama delictivo que nos adorna, pero que por falta de un tan simple como necesarísimo certificado, no se ha podido evitar.
Los señores congresistas, tan preocupados por evitar que los que no son de sus propios partidos o de los de sus amigotes, lleguen al poder, promulgan leyes, anticonstitucionales, que evitan la participación de candidatos independientes, deberían tomar nota de este detalle y trabajar en el asunto, inclusive por su propia salud partidaria, porque se dan casos de dirigentes que venden candidaturas, negocian con las listas de candidatos a regidores o imponen cupos, porque sí pues, porque pueden y porque nadie se atreve a decirles nada, dejando al partido como palo de gallinero y con argumentos suficientes para perder la inscripción partidaria ante el JNE.
Lo peor de todo, es que los desórdenes mentales, los traumas severos y los grandes complejos, muchas veces no se notan, sobre todo en los candidatos astutos y profesionales del engaño y solo salen a relucir cuando ya es demasiado tarde y esa persona ególatra, autoritaria, mitómana, bipolar, borderline, o todo ello junto, ya está en el poder.
Qué maravilloso sería que un Concejo Municipal, aunque solo fuera uno, de las más de 1,800 municipalidades que tenemos en el país, pudiera discutir, redactar, aprobar y elevar al congreso una iniciativa de ley, con la exigencia de incluir este requisito en la ley de elecciones municipales. Y es que ya no se trata sólo de ideologías, filosofías, extremismos, ni siquiera de incapacidad intelectual, se trata de algo mucho más importante y sumamente peligroso, de INCAPACIDAD MENTAL.
