lunes, 29 de noviembre de 2010

Marco Legal para una buena Gestión Municipal

Además de la Constitución Política del Perú, tenemos como marco principal la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y todo el carga montón de ordenanzas, decretos, acuerdos de alcaldía, resoluciones y demás, que cada día que pasa y en nombre de la autonomía municipal, las administraciones locales públicas, inventan, redactan y publican, en beneficio de cosas muy particulares y de intereses, está totalmente comprobado, personales y grupales de las autoridades de turno. Nunca se han cometido tantos desatinos, tantas metidas de pata, tanto derroche como en los últimos años en las alcaldías peruanas. Al no funcionar los controles, al haberse graduado con honores cierto tipo de funcionarios en sacarle la vuelta a la norma y la plata a los vecinos, las alcaldías, distritales y provinciales, se han convertido en trofeos de guerra, por los que se arman feroces peleas durante las campañas electorales, donde el todo vale ya no le asombra a nadie y las centenas de millares de dólares que se derrochan por tremenda estupidez, luego hay que devolverlas mediante los favores municipales, con los impuestos y contribuciones vecinales y para la angurria de quienes prestaron la plata. Y no es justo. Un ladrón o, en el mejor de los casos, un incapaz, que entrega alegremente el dinero de los contribuyentes y que mediante obras faraónicas, muchas veces ridículas e innecesarias, endeuda las arcas municipales por los próximos 15 0 20 años no merece solo el repudio ciudadano, sino la cárcel y el resarcimiento total a la sociedad de los montos empeñados.

Pero ¿por qué es que se pueden burlar tan fácilmente las normas? Primero porque las normas están muy mal diseñadas, son realmente inconsistentes y genéricas. Segundo, porque no existe un ente regulador, no precisamente como Indecopi, Osinerg, Ositran y similares, en las que los ladrones de cuello y corbata se zurran olímpicamente o mantienen, dentro de ellas, a más de un funcionario a sueldo, sino un verdadero Instituto Nacional de Gobiernos Locales, que registre todo lo que sucede, todo lo que requiere y en qué se ocupa realmente cada gobierno local. Ni siquiera se necesita mucho personal. Lo más necesario es la voluntad de fiscalización, la capacidad para manejar la información adecuada y la autoridad moral para sancionar de inmediato. La corrupción, esa feísima palabra que parece el uniforme único de toda la gestión pública, debe ser erradicada, no a punta de leyes y reglamentos nuevos, sino mediante la aplicación de las que existen, modificadas y dotadas de verdadera capacidad sancionadora. Es necesaria la inmediata revisión de la Ley Orgánica de Municipalidades, la revisión del estatus de los gobiernos provinciales y su injerencia en los gobiernos distritales, la creación de una Sala Penal especializada en la Administración Pública, con mayor énfasis en los gobiernos locales y la formacíón de fiscales o procuradores, especializados en gobiernos municipales. Resulta que de 300 alcaldes enjuiciados solamente uno sale mal parado. ¿Y el resto es inocente? No, rotundamente no. Sucede que no existen los mecanismos ni las personas con la suficiente autoridad moral y capacidad profesional para desenmascararlos y mostrarlos desnudos ante la opinión pública. Lo peor del caso es que existe una generalizada opinión de que los funcionarios de segundo o tercer nivel deben ser los enjuiciados, sentenciados y expectorados del aparato público, cuando estos se limitaron a recibir y cumplir órdenes y más bien los autores intelectuales y los que que detentan el verdadero y total poder pasan facilito el examen. Lo mismo sucede con los Directores o Gerentes Municipales, los verdaderos alcaldes ejecutivos pero que están totalmente blindados y no saben, no opinan sobre lo que sucedió, cuando se ha descubierto la cochinada. ¿Y qué decir de los señores regidores, que cobran buenas dietas, viven como reyezuelos dentro de las esferas de sus propios municipios y jamás son judicializados, cuando en realidad con su voto, firma y aval, han respaldado todas las porquerías que se le permitió hacer a sus alcaldes? Ya pues.

Bueno, ¿qué hacer? Empezar por el principio, como si nada estuviera hecho. En Lima metropolitana, al menos, se presenta una oportunidad inédita de arreglar las cosas y enmendar la plana. No sé si valga la pena o no investigar hacia atrás, no sé si ganará algo al desnudar la administración de don Luis Castañeda, que entre errores y aciertos, quizás ganen estos últimos, pero lo que no puede volver a suceder es que alguien se permita conducir los destinos de una gran población que bordea los 9 millones de personas, sin haberlos consultado, sin haber citado, conformado y puesto en ejercicio el Consejo Metropolitano de Alcaldes, sin haber tomado en cuenta que ciertas obras podían esperar y antes se debía poner orden y establecer una excelente organización metropolitana con el único y excluyente objetivo del desarrollo personal y familiar de todos los habitantes de la gran Lima. Las normas, reglas, leyes o lo que se les parezca deben tener ese único fin: el ciudadano y su bienestar. Cualesquier otra norma que se publique y se pretenda poner en ejercicio, que no cumpla con los requisitos, no debe pasar, primero por el Consejo de Regidores, ni por las verdaderas Juntas Vecinales y finalmente no ser ratificadas por algun ente superior que haga concordar normas distritales, provinciales, regionales y nacionales. Cualquier otra cosa es caldo de cultivo de ladrones, de incapaces y pobres diablos que en los últimos 20 años nos han hecho retroceder en el desarrollo comunitario. ¿Y cómo se hace? Con eso que a muchos hombres les falta y algunas mujeres empiezan a descubrir que tienen: Valor.

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