Hasta aquí todo bien. El problema es que la fisonomía urbana, los cambios de infraestructura, los tiempos personales, los apuros y tensiones, propios de una época moderna, son inexorables y no admiten medias tintas. O todos nos acomodamos y respetamos un código mínimo de conducta o la convivencia se hace imposible y se desparrama, oronda ella, la ley de la selva. Existen reglamentos, ordenanzas, resoluciones, autorizaciones, acuerdos, criterios, en fin, que dicen que nadie, sea cual fuere la situación, condición, necesidad o desgracia, puede posesionarse de un espacio público, expropiándolo para beneficio personal y menos, cuando las consecuencias, que de tal acción se derivan, acarrean molestias, sean éstas de índole físico (aglomeración peatonal y trastornos vehiculares), ambiental (emanaciones y olores), visual (mal aspecto y desorden urbano) y sonoras (ruidos y sonidos propios del comercio ambulatorio o callejero).
El permiso o autorización "temporal" se dio, cuando las condiciones y morfología urbana del entorno de la actividad en cuestión eran favorables o, en todo caso, no generaban rechazo. Pasado el tiempo, vencida la autorización, su renovación no procede, así de simple y bueno pues, con mucha pena la señora tiene que retirarse, pero ya. El asunto no es que primero hay que buscarle un lugar adecuado, porque no la podemos dejar sin piso o porque pobrecita todavía tiene nietos que mantener. No, la ley es una sola y su cumplimiento no tiene excepciones ni exoneraciones y menos, compadrazgos o favoritismos. Que de resultas de una propuesta de un grupo de vecinos querendones, buena gente ellos y mejores samaritanos, la señora y su boyante empresa se posesione de un lugar especial y adecuado, una alameda del sabor, un bulevar de la gastronomía peruana o un parque del anticucho y la panzita, sería algo grandioso; pero mientras tanto la señora debe retirarse de inmediato, sin dudas ni murmuraciones y sin necesidad de que la fuerza azul/negra (los municipales y serenazgo) carguen con ella y sus bártulos.
La evidente indiferencia, desidia o cálculo político, de la autoridad municipal, en el otro extremo, deja mucho que desear. Los oídos sordos son perjudiciales, máxime cuando parte de una comunidad clama por sus derechos conculcados o depuestos por una acción netamente personal, que reviste beneficio económico particular. Al margen de la actitud ciudadana que pareciera intransigente e inhumana existe un principio rector de las relaciones de convivencia de una comunidad: hay cosas que no se pueden hacer y nadie debe hacerlas. No aceptar esto es ser un anarquista, que no suena tan feo, pero que no es nada bueno, no si se quiere vivir en paz y junto y entre otras personas.
Nuevamente es la autoridad municipal la que desconoce sus funciones, patea decisiones, evita pronunciarse, permitiendo y, pareciera, azuzando enfrentamientos, por un caso que debió solucionarse al momento de hacerse público y evidente. Esto ya es más que un pecado y ya sabemos que el escándalo no se perdona, sobre todo en política y menos, al pie de las urnas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario