El imperio de la telefonía

¿Quién querría pagar cada día más por un servicio que cada día, en la práctica, cuesta menos? Al parecer todo el mundo. Telefónica es la empresa que en el Perú se pasa inventando costos para aumentar su rentabilidad. Esto lo permite la Osiptel y todos los funcionarios estatales que miran para otro lado mientras acarician en el bolsillo algún presente móvil de la empresa que protegen. ¿Cuánto gana telefónica en un año de operaciones en el país? Sí pues, es cierto, a mí qué me importa. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Lo que no está bien, digo yo, es que luego del regalo increíble que el señor Fujimori le hizo a la empresa española, ésta se dedique a meternos la mano al bolsillo gracias a la anuencia de todo funcionario que se respete y del que no, también. Dejemos, sin embargo, el tema de las utilidades porque incluso no se podría llegar a obtener cifras verdaderas por la pericia de contadores que saben presentar estados y reportes, si fuera necesario a pérdida, con tal de evadir los impuestos correspondientes. Veamos hechos concretos, gollerías reales que esta simpática y omnipresente empresa tiene en nuestras ciudades. En algunos distritos de Lima, por ejemplo, existen ordenanzas específicas sobre el tendido de cables aéreos, que prohíben su uso y que exigen el tendido subterráneo de los mismos, para evitar la terrible contaminación visual, el tendido de zapatillas viejas, la muerte súbita de pajaritos y las descolgadas de tiempo en tiempo por las carrocerías altas de algunos vehículos. ¿Por qué no se cumple con erradicar dichos cables? Sí pues, es mucho más barato así como están.

¿Ha visto usted la cantidad de cabinas telefónicas regadas por calles y plazas? Cada una de ellas es un punto de propaganda, que no tiene el costo de un letrero como el que cualquier hijo de vecino desearía colocar. Los paneles que inundan la ciudad con mensajes pisa palito, publicidad engañosa que le llaman, pero que tampoco nadie regula; los teléfonos monederos, colgados de paredes y ventanas, de negocios y casas particulares, que usan el espacio público gratuitamente para que el usuario pueda llamar, estorbando el paso sobre las veredas e ingreso a dichos locales, a pesar de que existen reglamentaciones al respecto. Además, cada uno de estos teléfonos "salvadores" cuenta con su respectiva paletita metálica de publicidad, banners, letreros de todo tipo y los fiscalizadores municipales, bien gracias. Si nos tomáramos el trabajo de valorizar el derecho que toda esa propaganda urbana debiera pagar, podríamos financiar un buen porcentaje de los servicios que cada municipalidad brinda. ¿Por qué será que Telefónica prefiere donar, directamente, grandes cantidades de dinero para distintas obras, equipos deportivos y todo tipo de presentación pública? Simple, los gastos, que podrían ser inflados, bajan montos imponibles para el pago de impuestos y además la presencia mediática, el posicionamiento y recordación de marca se logra por un menor costo del que representaría una campaña publicitaria paralela. Finalmente, ¿Por qué Telefónica y las otras empresas de telefonía pueden gastar una tremenda cantidad de millones semanales en publicidad exterior, en televisión, radio, periódicos y revistas? Porque la utilidad inmensa que reciben así lo permite. La guerra publicitaria entablada entre Telefónica y Claro está en su punto más álgido y no hay rincón urbano y rural, que no esté infestado de su propaganda. ¿Estará bien? ¿No se puede hacer nada al respecto? La verdad es que sí, pero los reglamentos son palo de gallinero en este caso.

Se viene la renovación del contrato del estado con la Telefónica y empiezan los malos olores. ¿No podríamos tener esta vez un contrato decente, sin ríos de dinero sucio bajo la mesa, que nos permita tratar de igual a igual con la empresa y trabajar en forma conjunta para que las cosas mejoren para el bien del país y la ciudadanía? Obligando a la desaparición de la renta fija de los recibos, por ejemplo. Determinando los costos reales del servicio para que no sean infames las trifas que se cobran y evitando los abusos y malas prácticas empresariales. Reglamentando la publicidad exterior para que se pague lo justo y necesario. Dando las facilidades para que las empresas de telefonía cambien su sistema de tendido aéreo de cables, por uno subterráneo, más seguro y estético. Trabajando juntos, gobiernos locales y empresas, en la erradicación de taras urbanas mediante campañas de concientización, con un costo mínimo. Haciendo entender a las empresas de telefonía que el usuario, en su calidad de cliente cautivo, no tiene por qué ser, además, martirizado, con campañas promocionales de cada empresa, que en su afán de digerirse la mayor proporción del mercado no dudan en atosigarnos con llamadas permanentes e inconvenientes a toda hora del día. Teniendo una sola reglamentación municipal metropolitana, a respetar y aplicar por las distritales, para evitar negociaciones particulares que, en este caso, se conviertan en una espada de Damocles para la propia empresa. Anulando costos excesivos de colocación y derechos de autorización, muchas veces inexistentes, pero que las empresas deben pagar para llevar la fiesta en paz. Es decir, no dudamos en que la empresa debiera calmar sus ansias infinitas de crecer, sobre todo si las mismas se financian mayormente, con el bolsillo del usuario, pero también se deberían evitar algunos abusos de los gobiernos locales que atentan contra los tratos claros y transparentes. El servicio de telefonía fijo es una necesidad y un derecho personal de comunicación que podría encaminarse perfectamente, eliminando todas esas malas prácticas que se han venido dando a través del tiempo. Ahora, es el mejor momento para empezar.