¿Qué nos diferencia de otras ciudades del mundo en lo que a servicio público de taxis se refiere? En Lima, más del 50 % son informales, cachueleros, profesionales de distintas ramas haciendo valer su derecho a ganarse la vida, claro, en la forma más fácil y rapidita. Tenemos alrededor de 250,000 vehículos, que permanente o eventualmente se dedican a este servicio. Las tarifas que tenemos están al capricho y oportunidad de choferes y usuarios. Dos, de cada diez choferes, es asaltante por convicción, secuestrador en complicidad o violador en solitario. El registro que se mantiene de ellos, mentiroso e inactualizado, no sirve para nada y la autoridad correspondiente, al menos en los últimos 25 años, jamás se ha atrevido a pararle el macho a esta horda motorizada de energúmenos, que maneja con una mano en el volante y la otra en el claxon, que acelera sin piedad y frena sin misericordia. Normalmente un cachuelero del taxeo, como ellos mismos se hacen llamar, trabaja en una institución pública, toma carreras en el camino a su trabajo o de regreso a su casa. No tiene licencia autorizada, no tiene la menor idea de lo que es calidad de servicio, su vehículo hiede y su limpieza personal, especialmente al regreso, es indeseable. Existe otro grupo, el de los desocupados permanentes, esas personas libres de espíritu que jamás han podido acostumbrarse a levantarse temprano, a recibir órdenes y a trabajar para OTTTROOO. Por favor, en unas horas saco para pagar a la dueña de la carcacha, para mi fritanga y para llevar el diario a la jefa, bueno, si es que no me cruzo con la tombería, ahí sí tengo que aplicarme un par de horas más. Conversadores impenitentes, salseros a todo volumen, telefonistas permanentes, con o sin hands free. Así es, el problema número dos, gravísimo él, son los señores del volante.
Pero el número uno es la autoridad competente. Que no existe claro, pero que debe estar por ahí. ¿Quién autoriza las licencias, a parte de las que se venden en las afueras de las reparticiones públicas correspondientes? ¿Quién se encarga del tránsito y del orden público, a parte de los que en honor de la institución saben decir, no falte al respeto señor, eso no alcanza, somos dos? ¿Y los que hacen las leyes, pergreñan las ordenanzas, publican los reglamentos e inventan las multas? Todos están ahí, hasta en mayor número, pero todos desconocen "mayormente" aquello en lo que trabajan. Hemos tenido administraciones municipales metropolitanas, que han sentado las bases para este desborde vehicular y este abuso sin nombre de los motorizados. Por negligencia o hasta participación activa mediante dudosos decretos de alcaldía y regulaciones que tienen como objetivo principal la cobranza de multas. ¿Se ha tomado alguien el trabajo de sacar cuentas de cuántos vehículos se necesitan realmente para servir a una determinada población, sin que la escasez permita la concertación de precios y sin que la sobre oferta de vehículos permita y promueva el abuso del usuario para pagar menos? ¿No? Hay ciudades como la cálida y amistosa Chiclayo, por cuyas calles principales circulan miles de vehículos, mototaxis, ticos, station wagon, toyotas de todo modelo y antigüedad, a vista, paciencia y beneficio personal probablemente, de las autoridades y policías y no pasa nada. En Lima podríamos llegar a eso.
Veamos Lima. Las tarifas son antojadizas, los conductores pésimos, las condiciones del vehículo deprimentes, existe una corrupta regulación y fiscalización y una permisiva máxima autoridad que han determinado que tengamos un meritorio primer puesto en el peor servicio de esta parte del continente. ¿Podremos tener algún día la cantidad de vehículos que realmente se necesiten y nada más? ¿Podremos acceder a vehículos en perfecto estado de conservación interior y exterior, con las identificaciones respectivas y los conductores, autorizados, preparados y con excelente intención y capacidad de servicio? ¿Podremos tener tarifas justas y lógicas en una ciudad en que el mayor porcentaje de viajes se realiza en trayectos planos de distancia media y casi sin obstáculos? ¿Podremos en fin, disfrutar de un servicio que no es prerrogativa de nadie, ni cuestión de sindicatos, sino más bien de trabajadores eficientes, respetables, que se entregan al servicio público que la comunidad le ha encargado? Es tiempo de dictar y hacer cumplir las medidas necesarias para alcanzar un buen nivel de servicio. Lo primero que tenemos que hacer es meternos en la cabeza que el servicio de transporte público a través de los taxis, no es exclusividad de unos pocos, no es propiedad de otros más y no es un favor que la autoridad le hace a los solicitantes. Entender luego, que más vehículos de los que realmente se necesitan es entorpecer el transporte público y privado y crear el caos que termina en dolores de cabeza, cuando no, en accidentes que lamentar. Tener claro que no todos están preparados para brindar el servicio y que ganarse ese puesto, es solo para los que tienen derecho al carné. La gran batalla empieza en la mente del usuario y continúa en el bolsillo de las mafias del transporte. ¿Podrá la señora Villarán cumplir con lo que se propone?
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