Basta ya, señores alcaldes.

Cuando las municipalidades del Perú vieron seriamente recortadas sus atribuciones y competencias y, por ende, también sus presupuestos e ingresos, gracias a la decisión del señor Fujimori, cuyo evidente propósito era eliminar competidores en lo que a preferencias del electorado se refería, es que los funcionarios y asesores municipales no vieron más salida que la de crear nuevos y engorrosos procedimientos administrativos, avalados por ordenanzas municipales, que no hacían más que meter la mano al bolsillo del contribuyente para suplir el bajón de las alicaídas arcas municipales. Es así que desde esa época las marañas administrativas convierten la obtención de licencias y autorizaciones municipales de funcionamiento, por ejemplo, en un verdadero viaje a la luna, por lo difícil, largo, costoso y a veces imposible, de su culminación.

El cálculo del costo real de los pasos y acciones a seguir en cada procedimiento administrativo, que determina, de acuerdo a ley, el monto del derecho a pagar, se convierte, desde esa fecha, en una real acción expoliatoria del sufrido vecino y contribuyente. Es decir, un determinado procedimiento que debería costar como diez, termina costando como cuarenta y requiriendo el doble y el triple del tiempo invertido, para justificar, en parte, el excesivo monto cobrado. Y eso no es justo, considerando, sobre todo, que las municipalidades y, principalmente sus autoridades, se deben exclusiva y excluyentemente, a la población que las eligió para servirla y gestionar su desarrollo.

No es justo, por otro lado, que las campañas políticas, ascensos sociales, riquezas personales y hasta sueños de grandeza, de las primeras autoridades municipales, se alcancen o logren a costa de los contribuyentes. Que el impuesto predial, por ejemplo, sea el principal sustento de planillas y, su cobranza coactiva, la única forma de no dejar de pagar sueldos y salarios, así como favores y prebendas, no dice nada bueno de una administración cuya única razón de ser es la de servir a los vecinos y no de exprimirlos económicamente. Que la tasa de arbitrios haya dejado de ser, por otro lado, nada más que el monto justo y necesario para cubrir los servicios públicos que la administración municipal brinda, como la ley manda, para convertirse en fuente de ingresos para beneficios personales de las autoridades a cargo, es precisamente algo que nunca se debió permitir y que ahora va a ser bastante difícil de erradicar.

Y así no es. Una verdadera gestión municipal debe buscar mas bien, abaratar costos, llevar los montos de los derechos municipales a su mínima expresión y generar bienestar económico a la población a la que sirve, si no promoviendo el desarrollo y empleo pleno, al menos supervisando y fiscalizando los costos de todos los servicios públicos que se dan en su jurisdicción. Pero ¿qué se puede hacer cuando la misma población ignora sus derechos y no participa decididamente en el cogobierno de sus distritos, auto excluyéndose, sea por desidia o por desconocimiento? Y cuando la autoridad municipal actúa como dueño y señor de los bienes e ingresos municipales, en directo y descarado perjuicio de los intereses vecinales.

Creo que es el momento, aquí y ahora, de empezar a actuar. Sin atacar a nadie en particular, ni señalar siquiera a responsables, es justo y necesario iniciar la defensa del vecindario y revertir las acciones expoliatorias e ilegales que unos cuantos malos funcionarios y corruptas autoridades municipales han venido realizando en los últimos años sin que nadie se atreva siquiera a cuestionar. Las castas de privilegio, los pagos de favores, los negocios personalísimos y los intereses particulares, ajenos a la comunidad, deben terminar. Empecemos por señalar los casos en los que el vecino pueda estar siendo sorprendido e incluso coactado y la forma de evitar el que esto siga ocurriendo. En verdad, no es tan difícil.