Arbitrios municipales: sorpresas y certificaciones

Cada año las cuponeras municipales vienen con sorpresas y con certificaciones. Las sorpresas, respecto de los montos, varían de acuerdo al humor del que las emite, pero las certificaciones son las mismas de siempre: no hay forma de averiguar cuánto es lo que realmente cuestan los servicios por los que se está cobrando y cuánto es, finalmente, lo que paga cada contribuyente. La ley dice claramente, respecto de los arbitrios municipales, que primero hay que determinar cuánto es lo que cuesta exactamente la prestación del servicio por el que se está cobrando, para luego dividirlo, proporcional y equitativamente, entre el número de contribuyentes que lo van a pagar. En el caso del servicio de limpieza, se incluye barrido y eventual lavado de calles, recojo de residuos sólidos y disposición final de desechos; determinación de zonas, como netamente residenciales, zonas de comercio medio, zonas públicas, así como zonas de comercio intensivo, mercados y mercadillo incluidos, de cuya composición y estructura se determina si se requiere que el barrido y el recojo de residuos se realice, una, dos o cuatro veces al día, así como la determinación de volúmenes por zona. De la suma de lo anterior tendremos el costo total del servicio. Luego determinamos qué es lo que vamos a necesitar para cumplirlo a cabalidad, con eficiencia y eficacia. Es decir cuántos vehículos de qué tipo y capacidad necesitamos, su combustible y mantenimiento; cuántas personas, de a pie y motorizadas, cuántos elementos, desde escobas, recogedores, carritos y eventualmente aspiradoras motorizadas; finalmente la cantidad de agua y detergentes, para el lavado de dichas áreas, de acuerdo a su regularidad, además de los derechos que hubiera que pagar para la disposición final, hasta el relleno sanitario y plantas de reciclaje. Finalmente la cantidad de personas y mobiliario requerido para que hagan la labor administrativa, añadamos, además, un máximo de 10 % por moras y costo de financiación y ya está, tenemos el costo total final. Luego determinamos a quiénes y cuánto les vamos a cobrar, en atención a exoneraciones legales, cantidad de área privada que posean, zona en la que se encuentren, frecuencia del servicio, lo dividimos entre esos índices y obtenemos el monto que debemos cobrar a cada contribuyente. Y esa debería ser la cantidad, fija y sin ajustes posteriores.

¿Por qué es que, entonces, los montos de arbitrios suben considerablemente, año a año y sin aparente razón? Principalmente por una pésima administración, por carecer del personal idóneo, para el cálculo de los mismos, por corrupción del personal municipal, por apetitos desmedidos de la alta dirección y hasta para tapar huecos provenientes de otras áreas y malversaciones. ¿Cómo es posible que un pequeño local comercial de 3.5 ó 4 m2 pague por arbitrios, exorbitantes cantidades que casi siempre terminan negociándose, para beneficio exclusivo de uno que otro funcionario municipal? ¿Cómo es posible que la generosa administración ofrezca descuentos del 15 hasta el 20 % por pago adelantado a contribuyentes que cuentan con la disponibilidad necesaria para realizar pagos adelantados? ¿Cómo es posible que abultadas deudas de arbitrios que se arrastran por trimestres y años, se conviertan en mínimas cantidades por arte de birlibirloque o manos negras, que tienen bien claro cómo robarle a la administración y a los contribuyentes con rápidas operaciones coordinadas entre fiscalización tributaria e informática? Ahora bien, es cierto que no existe una adecuada cultura de pago por parte del contribuyente, pero ¿Con qué cara podemos exigir un correcto cumplimiento de las obligaciones municipales si el contribuyente sabe de los abusos, beneficios particulares y robos a mano pelada de los propios funcionarios? ¿Cómo decirle al contribuyente que esta vez sí se van a usar bien los dineros públicos, si seguimos observando extrañas prácticas y desmesurados índices de nueva riqueza de algunos funcionarios? Se requiere un punto medio, un mojarse de ambas partes, un proceder de responsabilidad compartida y de mutuo compromiso. ¿Cómo lograrlo?

Se hace necesaria una audiencia pública, masiva, con exposición de estructuras de costos, exoneraciones, beneficios por pago adelantado, responsabilidad y moras en el pago atrasado del servicio, explicando que el pago correcto y a tiempo está en función directa del buen servicio que se presta y las implicancias negativas que acarrean el no pago. Aclarando que el vivir en comunidad implica una serie de derechos y obligaciones que determinan la calidad de la convivencia y la calidad de vida de la comunidad entera, mostrando programas informáticos seguros e inalterables que eviten malos manejos y beneficios particulares. Mostrando así mismo proyectos a mediano y largo plazo que impliquen sustanciales mejoras en el servicio, erradicación paulatina de servicios manuales por uso de equipo mecánico, mejoras en el equipamiento urbano del servicio que se está cobrando, en esta caso, papeleras, centros de acopio, subterráneos mejor y otras obras, servicios y equipos complementarios. Finalmente la revisión de las odiosas, tramposas e injustas cobranzas coactivas. En la estructura de costos se manejan índices que corresponden a varios ejecutores coactivos, empleados administrativos, notificaciones y demás, habiéndose convertido, como en el caso de las tarjetas de crédito, este rubro municipal de cobranzas, en la verdadera mina de oro. Primero que los llamados ejecutores coactivos se reducen a un empleado que tiene la posibilidad de reducir o anular montos de acuerdo a su propio criterio, las notificaciones son repartidas por los empleados municipales y de empleados administrativos cero. El establecimiento de una taza mínima fija, por monto adeudado y no por recibo, sería lo correcto y las costas y costes legales son una invención de alguien con mentalidad agiotista. El tema de la limpieza pública, tiene un análisis y estructura de costos similar al de parques y jardines y al de serenazgo, en donde lamentablemente las planillas fantasmas, es decir la invención de nombres de empleados que no existen y, por tanto, no trabajan, pero sí cobran, se ha convertido en una grosera práctica de abuso y corrupción municipal, por lo que huelga su revisión. La responsabilidad final sobre el tema corresponde al vecino, al ciudadano, que con su silencio o encogimiento de hombros contribuye a que las malas prácticas se sigan dando y a que tengamos que seguir viviendo como la familia de esos animalitos gorditos, pero sin el cuidado ni beneficios que da San Fernando. Ya pues.