Todo lo que la Municipalidad le cobra a los vecinos, vía licencias, autorizaciones, permisos, multas incluidas y cualesquier otro trámite, se llaman tasas y han sido creadas para cubrir los costos de los procesos administrativos que deben realizarse para brindar el servicio requerido. Están autorizados por la respectiva ordenanza local, que debe ser ratificada por la provincial correspondiente. Hasta aquí todo bien, pero qué pasa cuando la municipalidad ve en estos trámites y procesos administrativos la forma de sacarle dinero al vecino para cubrir, su ineficiencia, en el mejor de los casos, o por otro lado, sus cochinadas, cuyo costo de algún lado debe salir. Y es que casi ningún vecino se ha tomado el trabajo, siendo su deber, de fiscalizar, primero lo que se cobra, en qué monto y por qué y, segundo, en qué se utiliza el dinero que se recauda por estos conceptos. Con seguridad habría más de un desmayo si, por ejemplo, se supiera que el costo de obtener una licencia de funcionamiento, en montos reales y eficientes, no debería ser más del 10 % de lo que realmente se cobra por ello. Si se supiera que en una sobre valorización de obra municipal por administración directa, o sea decir que algo le ha costado a la municipalidad como 150, cuando en realidad solo ha sido como 100, se van los ahorros de muchas personas que tienen que realizar algún trámite municipal. Y eso no es justo. Qué va a serlo, oiga usted.
Primero, ¿por que la señora, que nos mira despectiva detrás de su cafecito y sanguche con jamonada, nos dice que regresemos al día siguiente por la firma de su jefezaso que está detrás de la pared en que ella recuesta su anatomía?, firma cuya única importancia radica en la que la señora empleada municipal le da, que además luego debe ser avalada por el sub gerente y finalmente por el gerente para mezclarse con el montón de solicitudes similares que esperan el regreso de los sufridos vecinos para decir, otra empleada, esta vez con gaseosa y chancay en la mano, que le faltó adjuntar la foto de la fachada en color con el nuevo letrero que usted dice que retiró sólo para cambiarle el número telefónico, ya que para ahorrar costos se ha pasado de Telefónica a Telmex. No mezclemos sin embargo, ignorancia, ineficiencia, abuso y costos de trámite, que es al final lo único que nos interesa. Lamentablemente tenemos que hacerlo. A los 200 empleados "nombrados" que encontró la administración entrante, hay que añadir los 100 que la nueva autoridad mete, sin tener mayor mérito que las buenas relaciones y recomendaciones, o las buenas formas anatómicas de los susodichos nuevos empleados. ¿Y de dónde pues va a salir para pagarles? Precisamente, de los costos de los trámites pues.
Ustedes se reirían mucho si vieran los análisis de costos unitarios que se realizan para determinar el costo final de un proceso administrativo. Desde cuanta tinta de un lapicero se gasta, hasta el clip y las "horas hombre" que dicho proceso conlleva. Como no existe una plantilla única para determinar costos de lo que implica realizar tal o cual operación administrativa, tenemos que, por ejemplo, otorgar una autorización para colocar un toldo en el distrito de Magdalena del Mar es, por decir, 10 veces más costoso que en Puente Piedra. Pero si los empleados y funcionarios implicados en el proceso ganan lo mismo y supervisar dicha colocación no puede ser diferente en cada distrito, ¿por qué la diferencia? ¿Y dónde está la provincial que avala casos como el mencionado? Es que son del mismo partido pues, dice la señora de la risa burlona. Y sí pues, así es como suceden las cosas. Todo el mundo se zurra en el análisis real del costo unitario y pone lo que sea rentable para el grupo de turno en el poder. Y así tampoco es.
Hacer engorroso un trámite simple, para hacerlo aparecer como costoso, es lo que malogra una gestión municipal y la convierte en expoliadora, desvirtuando su razón de ser de gestora del desarrollo urbano. Cabe señalar que además existen infinidad de formas de hacerse de fuentes de ingreso adicionales para cubrir gastos operativos y de inversión en obras. Desde empresas municipales, hasta convenios y concesiones, pero de los sanos y correctos, podrían suplir fácilmente los cobros onerosos que una municipalidad "se ve precisada a aplicar" cuando quien ejerce la autoridad temporalmente "mayormente desconoce" el trabajo que debería realizar.
Primero, ¿por que la señora, que nos mira despectiva detrás de su cafecito y sanguche con jamonada, nos dice que regresemos al día siguiente por la firma de su jefezaso que está detrás de la pared en que ella recuesta su anatomía?, firma cuya única importancia radica en la que la señora empleada municipal le da, que además luego debe ser avalada por el sub gerente y finalmente por el gerente para mezclarse con el montón de solicitudes similares que esperan el regreso de los sufridos vecinos para decir, otra empleada, esta vez con gaseosa y chancay en la mano, que le faltó adjuntar la foto de la fachada en color con el nuevo letrero que usted dice que retiró sólo para cambiarle el número telefónico, ya que para ahorrar costos se ha pasado de Telefónica a Telmex. No mezclemos sin embargo, ignorancia, ineficiencia, abuso y costos de trámite, que es al final lo único que nos interesa. Lamentablemente tenemos que hacerlo. A los 200 empleados "nombrados" que encontró la administración entrante, hay que añadir los 100 que la nueva autoridad mete, sin tener mayor mérito que las buenas relaciones y recomendaciones, o las buenas formas anatómicas de los susodichos nuevos empleados. ¿Y de dónde pues va a salir para pagarles? Precisamente, de los costos de los trámites pues.
Ustedes se reirían mucho si vieran los análisis de costos unitarios que se realizan para determinar el costo final de un proceso administrativo. Desde cuanta tinta de un lapicero se gasta, hasta el clip y las "horas hombre" que dicho proceso conlleva. Como no existe una plantilla única para determinar costos de lo que implica realizar tal o cual operación administrativa, tenemos que, por ejemplo, otorgar una autorización para colocar un toldo en el distrito de Magdalena del Mar es, por decir, 10 veces más costoso que en Puente Piedra. Pero si los empleados y funcionarios implicados en el proceso ganan lo mismo y supervisar dicha colocación no puede ser diferente en cada distrito, ¿por qué la diferencia? ¿Y dónde está la provincial que avala casos como el mencionado? Es que son del mismo partido pues, dice la señora de la risa burlona. Y sí pues, así es como suceden las cosas. Todo el mundo se zurra en el análisis real del costo unitario y pone lo que sea rentable para el grupo de turno en el poder. Y así tampoco es.
Hacer engorroso un trámite simple, para hacerlo aparecer como costoso, es lo que malogra una gestión municipal y la convierte en expoliadora, desvirtuando su razón de ser de gestora del desarrollo urbano. Cabe señalar que además existen infinidad de formas de hacerse de fuentes de ingreso adicionales para cubrir gastos operativos y de inversión en obras. Desde empresas municipales, hasta convenios y concesiones, pero de los sanos y correctos, podrían suplir fácilmente los cobros onerosos que una municipalidad "se ve precisada a aplicar" cuando quien ejerce la autoridad temporalmente "mayormente desconoce" el trabajo que debería realizar.
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