Derecho Urbano N° 5
Utilizar todos los servicios públicos con tarifas justas y equitativas. Las empresas que brindan los servicios públicos deben trabajar de acuerdo a los planes locales de consolidación y expansión urbana, brindando los servicios requeridos, sin excepción alguna, a un costo adecuado y con las facilidades de pago requeridas.
Nuevamente se cerraron las calles del centro de Lima debido a la protesta de pobladores de no se sabe cuántos asentamientos humanos que vienen reclamando agua y desagüe desde hace no se sabe cuántos años, dicen los titulares de los diarios. Ahora sí, dicen no sé cuántos congresistas del partido oficialista, con el programa Agua para Todititos, en no sé cuántos meses el presidente estará inaugurando, por fin, las obras. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, es que esta mecida es una más de las tantas a las que los gobiernos centrales de turno nos tienen acostumbrados, ante la indiferencia total de los gobiernos locales, quienes son los llamados a promover, exigir y ejecutar las obras correspondientes.
Vamos a ver, un centro poblado, una ciudad, un asentamiento humano, no debe, no puede tener menos de lo indispensable que la vida de todo ser humano exige. Agua, energía eléctrica y comunicaciones, en ese orden, son los requerimientos básicos de toda familia; no contar con ellos es atentatorio contra la vida y la salud y los responsables deberían ser pasibles de penas de cárcel. Pero el problema no es, no debería ser, del gobierno central. Eso es una tontería propia de un sistema paternalista, populista, centralista y totalitario.
Existe una serie de tareas que deben ser encaradas por la propia población, por sus autoridades mas directas. Lo contrario bordea el vasto campo de la inacción y el conformismo y, claro está, de las prebendas, de la extorsión política y, por supuesto, de las coimas y arreglos bajo la mesa. Eso es lo que normalmente le gusta a la gente y a las autoridades también. Y de eso es de lo que debemos salir. Las comunidades auto gestionarias, son verdaderamente libres e independientes, han conseguido lo que tiene en base al esfuerzo, a la insistencia, a la férrea voluntad de querer vivir mejor y no de esperar migajas del ejecutivo, porque cuando las reciben se convierten en una estúpida aglomeración de borregos, de cabizbajos chi chenor.
En donde sí debe intervenir el estado, directa y decididamente, es en los avales crediticios, en la supervisión, en la regulación de la prestación y de las tarifas. Y el gobierno local, provincial y distrital en las reglas de juego, claras y facilitadoras, pero enérgicas y transparentes para que los concesionarios no abusen de los usuarios y para que ellos mismos puedan recibir el justiprecio por la inversión realizada. En la práctica tenemos áreas y poblaciones, paradójicamente las más pudientes, subsidiadas por áreas y poblaciones, menos pudientes y que no cuentan con los servicios o los tiene en forma limitada. Tenemos empresas concesionarias que usan y abusan de los espacios aéreos, a nivel de suelo y subsuelo, con horribles y contaminantes instalaciones, aparatos y accesorios que atentan contra la salud y la calidad de vida. Tenemos los informales y avivatos que roban servicios, piratean instalaciones y viven bien, a costa de los demás. Pero ese caos, uso y abuso se da en los tres niveles, la población, los concesionarios y las autoridades. Y no es correcto.
Los servicios básicos deben ser universales, justos y equitativos. No se concibe la vida, en familia, en comunidad, de otra forma. Somos un grupo de personas que carecemos de un servicio determinado o lo recibimos en muy malas condiciones. ¿Queremos mejorarlo?, ¿podremos luego pagarlo? y, finalmente y sobre todo, ¿lo merecemos? Esto último es básico y el inicio de todo. Alguien dirá que está pregunta sale sobrando porque, ¿quién puede decir que no merece algo? Los que están donde no deben estar, por ejemplo. Los invasores, los usurpadores, los actores de peculado y apropiación ilícita por medios lícitos y tantos otros más.
Gozar del agua, alcantarillado y de la energía eléctrica, en primer lugar, luego de telefonía básica, de medios de comunicación y transporte, en segundo lugar, es una obligación moral de la propia comunidad, de las autoridades locales y de la autoridad central o nacional, en ese orden. Una comunidad organizada, libre en sus decisiones y clara en sus metas debería poder conseguir lo que necesita en el término de la distancia. Se necesita sí, empezar por lo principal, si nadie me maneja, si a nadie le debo nada y si quien me dirige, no sólo está ahí porque lo merece si no porque trabaja denodada e indesmayablemente por mi y mi familia, entonces ya tengo el 70 % de lo que necesito. Luego el agua, no solo la lluvia, caerá y correrá y los foquitos se prenderán solitos y los teléfonos no dejarán de sonar a costo cero. Bueno, esto último es una broma.
Nuevamente se cerraron las calles del centro de Lima debido a la protesta de pobladores de no se sabe cuántos asentamientos humanos que vienen reclamando agua y desagüe desde hace no se sabe cuántos años, dicen los titulares de los diarios. Ahora sí, dicen no sé cuántos congresistas del partido oficialista, con el programa Agua para Todititos, en no sé cuántos meses el presidente estará inaugurando, por fin, las obras. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, es que esta mecida es una más de las tantas a las que los gobiernos centrales de turno nos tienen acostumbrados, ante la indiferencia total de los gobiernos locales, quienes son los llamados a promover, exigir y ejecutar las obras correspondientes.
Vamos a ver, un centro poblado, una ciudad, un asentamiento humano, no debe, no puede tener menos de lo indispensable que la vida de todo ser humano exige. Agua, energía eléctrica y comunicaciones, en ese orden, son los requerimientos básicos de toda familia; no contar con ellos es atentatorio contra la vida y la salud y los responsables deberían ser pasibles de penas de cárcel. Pero el problema no es, no debería ser, del gobierno central. Eso es una tontería propia de un sistema paternalista, populista, centralista y totalitario.
Existe una serie de tareas que deben ser encaradas por la propia población, por sus autoridades mas directas. Lo contrario bordea el vasto campo de la inacción y el conformismo y, claro está, de las prebendas, de la extorsión política y, por supuesto, de las coimas y arreglos bajo la mesa. Eso es lo que normalmente le gusta a la gente y a las autoridades también. Y de eso es de lo que debemos salir. Las comunidades auto gestionarias, son verdaderamente libres e independientes, han conseguido lo que tiene en base al esfuerzo, a la insistencia, a la férrea voluntad de querer vivir mejor y no de esperar migajas del ejecutivo, porque cuando las reciben se convierten en una estúpida aglomeración de borregos, de cabizbajos chi chenor.
En donde sí debe intervenir el estado, directa y decididamente, es en los avales crediticios, en la supervisión, en la regulación de la prestación y de las tarifas. Y el gobierno local, provincial y distrital en las reglas de juego, claras y facilitadoras, pero enérgicas y transparentes para que los concesionarios no abusen de los usuarios y para que ellos mismos puedan recibir el justiprecio por la inversión realizada. En la práctica tenemos áreas y poblaciones, paradójicamente las más pudientes, subsidiadas por áreas y poblaciones, menos pudientes y que no cuentan con los servicios o los tiene en forma limitada. Tenemos empresas concesionarias que usan y abusan de los espacios aéreos, a nivel de suelo y subsuelo, con horribles y contaminantes instalaciones, aparatos y accesorios que atentan contra la salud y la calidad de vida. Tenemos los informales y avivatos que roban servicios, piratean instalaciones y viven bien, a costa de los demás. Pero ese caos, uso y abuso se da en los tres niveles, la población, los concesionarios y las autoridades. Y no es correcto.
Los servicios básicos deben ser universales, justos y equitativos. No se concibe la vida, en familia, en comunidad, de otra forma. Somos un grupo de personas que carecemos de un servicio determinado o lo recibimos en muy malas condiciones. ¿Queremos mejorarlo?, ¿podremos luego pagarlo? y, finalmente y sobre todo, ¿lo merecemos? Esto último es básico y el inicio de todo. Alguien dirá que está pregunta sale sobrando porque, ¿quién puede decir que no merece algo? Los que están donde no deben estar, por ejemplo. Los invasores, los usurpadores, los actores de peculado y apropiación ilícita por medios lícitos y tantos otros más.
Gozar del agua, alcantarillado y de la energía eléctrica, en primer lugar, luego de telefonía básica, de medios de comunicación y transporte, en segundo lugar, es una obligación moral de la propia comunidad, de las autoridades locales y de la autoridad central o nacional, en ese orden. Una comunidad organizada, libre en sus decisiones y clara en sus metas debería poder conseguir lo que necesita en el término de la distancia. Se necesita sí, empezar por lo principal, si nadie me maneja, si a nadie le debo nada y si quien me dirige, no sólo está ahí porque lo merece si no porque trabaja denodada e indesmayablemente por mi y mi familia, entonces ya tengo el 70 % de lo que necesito. Luego el agua, no solo la lluvia, caerá y correrá y los foquitos se prenderán solitos y los teléfonos no dejarán de sonar a costo cero. Bueno, esto último es una broma.
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