Mis Derechos Urbanos

El ser humano es gregario por naturaleza y por conveniencia. El centralismo y, posteriormente la globalización dominantes, han determinado la ocupación de extensas zonas urbanas, que en casi la totalidad de los casos, han privilegiado intereses individuales, en detrimento de la calidad de vida urbana.

Las formas de vida imperantes, las distintas modalidades de ocupación del suelo urbano y la necesidad de redefinir la función de las ciudades, hace necesario contar con un marco legal y social que propugne el desarrollo integral de la persona y de la familia, como objetivo principal y fin supremo del sostenimiento de las conurbaciones existentes.

Se plantea la necesidad perentoria de contar con una DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS URBANOS, que a la par de los derechos inherentes a la persona humana, permita establecer marcos de referencia y niveles mínimos y máximos de uso y explotación del suelo urbano, privilegiando la calidad de vida de sus ocupantes, devolviéndole la ciudad y áreas conexas, al ciudadano, para que alcance su desarrollo integral.

Temas como la Contaminación y degradación del medio ambiente, la contaminación visual y la degradación formal del entorno urbano, la insostenible contaminación sonora, la inseguridad ciudadana, física y psicológica, la desvalorización de la propiedad por el mal uso y abuso del suelo, las ineficientes y, a menudo, corruptas estructuras municipales, han hecho colapsar el sistema de vida de nuestras ciudades.

Dado que los gobiernos locales, distritales y provinciales, son las unidades territoriales y de gobierno más cercanas a la población y su vida diaria, se plantea la necesidad de que dichas estructuras, de plena participación ciudadana, sean las llamadas a suscribir tal Declaración de Principios, renunciando a toda injerencia partidaria y de intereses de grupo, en beneficio de la población que los ha elegido para su administración temporal.

CONSIDERANDO QUE:

1. Las ciudades han surgido y/o han sido creadas para el desarrollo y realización de la persona humana y su vida en comunidad.

2. La priorización de soluciones a problemas de transporte urbano a nivel del suelo, en detrimento del uso del mismo por la persona humana, ha acarreado la expropiación de la ciudad en beneficio de los vehículos automotores.

3. La permisividad de algunas autoridades en cuanto al mal uso de la propaganda visual y sonora en zonas importantes de nuestras ciudades ha despersonalizado el uso de las mismas, convirtiéndolas en zonas de batalla del consumismo.

4. La inexistente política de desarrollo de zonas verdes y de recreación, ha convertido a nuestras ciudades peruanas en las más contaminadas y estresantes de Latinoamérica.

5. La complaciente y hasta temerosa política de justicia de nuestro país, así como la ineficiente seguridad ciudadana que comprometen al gobierno central y a la propia vecindad, han convertido a nuestras calles en zonas de terror y espanto permitiendo la ocupación violenta y permanente de gavillas organizadas de delincuentes.

6. La increíble inexistencia de una verdadera Política Nacional de Vivienda que privilegie el acceso de la misma a los sectores más necesitados ha sido determinante para el mal uso del suelo urbano y en algunos casos de una explotación desmedida, sirviendo a intereses particulares que han lotizado la ciudad de acuerdo a su propio beneficio.

7. La ineficiente, ineficaz y, en algunos casos, delictiva prestación de servicios públicos y su escala de tarifas han sido determinantes para el empobrecimiento de la calidad de vida de nuestras familias.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Todo ciudadano tiene derecho a:

1. Ser el fin único y excluyente de la planificación, creación y renovación de las ciudades. La rehumanización de las ciudades es una necesidad perentoria que requiere de un adecuado margo legal y normativo.
2. Participar activa y plenamente en la elaboración del presupuesto y planes de su gobierno municipal. La recuperación de la cultura cívica y la instauración de un verdadero gobierno participativo serán las bases de una nueva ciudad.
3. Hacer uso de una unidad de vivienda digna. Se requiere de novedosos planes municipales de vivienda, que contemplen la renovación asistida y la adecuación obligatoria.
4. Habitar dentro de un entorno físico con la mejor calidad de vida posible. Es necesaria la estandarización de la normatividad para los diferentes espacios de la ciudad, privilegiando el uso residencial de la misma.
5. Utilizar todos los servicios públicos con tarifas justas y equitativas. Las empresas que brindan los servicios públicos deben trabajar de acuerdo a los planes locales de consolidación y expansión urbana, brindando los servicios requeridos, sin excepción alguna.
6. Tener acceso a todos los servicios complementarios que permitan su desarrollo integral. Los planes de ocupación del suelo urbano y la organización de usos y funciones deben responder estrictamente a las necesidades humanas y no a intereses económicos particulares.
7. Vivir con plena seguridad física y psicológica. Las autoridades respectivas y la administración de justicia deben privilegiar el respeto a los derechos de la persona humana y la convivencia en armonía.

Acotaciones finales:

Se requiere establecer el consenso previo entre destacados profesionales multidisciplinarios que elaboren, además de Planes de Desarrollo Integral y Sostenido para nuestras ciudades y sus áreas de influencia urbana, con plazos no menores de veinte años, un marco referencial de respeto máximo al ciudadano, la adecuada estandarización del nivel de calidad de vida y las políticas de vivienda municipales que reconozcan el derecho pleno de cada familia a poseer u ocupar una unidad de vivienda digna, a costos reales, que reúna las mínimas condiciones de habitabilidad y cuyo entorno sea el adecuado para su desarrollo pleno.

Políticas complementarias de ciudades auto abastecidas, de ocupación del suelo urbano por áreas eficientemente definidas que eviten el desplazamiento innecesario y anti económico de sus ocupantes, permitirán devolverle el carácter y la proporción humanas a nuestras ciudades.

En todo el proceso, la participación de la población organizada y convenientemente adiestrada, permitirá la concreción de un Proyecto Integral de Desarrollo Sostenido que trascienda a las administraciones temporales y a los intereses de grupo, especialmente económicos.

Finalmente, se recomienda plasmar dentro de nuestra Constitución la Declaración de Principios de los Derechos Urbanos, como instrumento necesario para el desarrollo de la unidad familiar, base de nuestra sociedad, dentro de nuestras ciudades. Claro que esto puede demorar muchos años, pero en algún momento hay que plantearlo.