A nadie en particular, pero sobre todo, jamás a los alcaldes de turno. ¿Qué entendemos por espacio público? Toda área que no es propiedad de ningún particular, que no se puede inscribir en los registros públicos y que pertenece, sin excepción, a toda la comunidad y cuyo registro, conservación y cuidado corresponde al gobierno local. Así, las veredas, las pistas, las plazoletas, plazas, parques, jardines de aislamiento y similares son los espacios públicos. Eso está claro, pero aquí viene un tema importante: la alteración, modificación y manejo de esos espacios ¿estaría a cargo, entonces, de los gobiernos locales? Así es, pero ¿Qué pasa, entonces, cuando los titulares de dicho encargo, los alcaldes, confunden responsabilidad con carta blanca? Es decir, cuando creen que con dichos espacios pueden hacer, literalmente, lo que les viene en gana. Se suceden estropicios monumentales, algunas veces irreparables, con gasto irrecuperable incluido y con grave alteración del entorno y paisaje urbano. Ejemplos nos sobran: Chorrillos es un caso emblemático y ni qué se diga de las provincias, sobre todo las que reciben las mayores transferencias dinerarias del gobierno central.
Hay algo, sin embargo, tan malo o peor que lo mencionado, cuando, por ejemplo, algunos particulares aprovechan, para beneficio personal, de uso o explotación comercial, esos espacios que por su carácter y naturaleza deberían ser intangibles. Desde los vendedores ambulantes que planchan calles con su "colabórame pues"; los profesionales de la mendicidad y la explotación sentimental de la pobreza, que se estacionan con bártulos, familia y hasta mascotas en la mitad de las veredas; los informales, con local propio y hasta autorización municipal de funcionamiento pero con vocación de apropiación de veredas para vitrinas, maniquíes y jaladores; los restaurantes y cafeterías, con prolongación de servicio de atención a veredas y jardines de aislamiento; las constructoras, con toma de áreas externas, por la fuerza y ante la actitud shakira, ciega y sordo muda, de las municipalidades correspondientes; los propietarios de terrenos, que al construir toman, al descuido y en complicidad municipal, áreas que no les pertenecen pero que son necesarias para sus intenciones: ochavos, retiros y similares; las autoridades locales que cierran calles inopinadamente y toman plazas por asalto, para realizar sus actividades de proselitismo político y para mantener su posicionamiento, cuando no para lucrar con socios y testaferros que se depositan con escandalosas, espantosas y ridículas ferias populares, además de "espectáculos" raperos y cumbiamberos, que mantienen a la población ocupada con la novedad y lejos, lo suficiente y necesario, de la fiscalización a su gestión.
¿Y qué hacemos? En primer lugar, tomar la decisión de recuperar y defender lo nuestro. Opinar y comprometerse con las decisiones que se tomen para el uso y puesta en valor de dichos espacios, previo inventario y registro de los mismos. Qué bueno sería que en vez del monumento a la familia o al perro desconocido, se hicieran parques, juegos infantiles, plazoletas y demás espacios para que los ciudadanos se reúnan y compartan momentos especiales. Las juntas vecinales, palo de gallinero de todas las gestiones municipales, deberían ser las encargadas de coordinar decisiones y acciones entre población y autoridad y no reducirse a ser los ayayeros de las autoridades de turno; los presupuestos participativos deberían ser, en lugar de la caja chica de autoridades y funcionarios, las fuentes de financiamiento de las obras para transformar y aprovechar al máximo, dichos espacios en beneficio de la comunidad; el gobierno metropolitano debería ser el coordinador y rector de las decisiones y acciones, planificadas, concertadas, eficientes y eficaces, así como de la realización de las obras para bien de cada distrito, prefiriendo las que se realicen en forma mancomunada y, finalmente, la actitud del gobierno central, que con su mal ejemplo de apropiarse y disponer de inmensas áreas de terreno eriazo, en lugar de sentarse a conversar con los alcaldes provinciales y metropolitanos para definir qué se puede hacer en beneficio de las propias comunidades. Hace falta, urgente, una labor de convocatoria y promoción, a todo nivel, de la necesidad perentoria de alcanzar el bienestar ciudadano. Si alguna vez algún presidente entendiera que solucionando los problemas en su nacimiento, cerca a su fuente u origen, es decir en el seno de las propias comunas, podríamos acabar con los problemas nacionales o reducirlos a su mínima expresión, habríamos dado el primer paso hacia nuestro verdadero desarrollo.