lunes, 7 de marzo de 2011

Propaganda electoral y derechos urbanos

¿Qué está pasando con nuestras ciudades, por Dios? Ningún espacio público, por pequeño que sea, se ha salvado de la terrible contaminación visual producida por la propaganda electoral de los candidatos presidenciales, los candidatos al congreso y los candidatos al parlamento andino. Hemos sido invadidos por el tremendo tsunami del mal gusto y la angurria por el poder. Cada cartel, uno más horrible y faltoso que el otro, nos recuerda que nuestra desidia y falta de identidad ciudadana han permitido que estos bárbaros electoreros nos secuestren la ciudad entera y nos soben por la cara, el abuso, la prepotencia y la impunidad en su grado más alto. ¿Es que no existían normas, leyes, ordenanzas, acuerdos pre electorales, que nos salvaguardaran de esta letal sobre exposición publicitaria? Por supuesto que sí. Pero como siempre, quien tiene la plata manda, quien ostenta el poder abusa, quien detenta la autoridad claudica y quienes tienen la razón callan. Cuando la alcaldesa de Lima ha querido poner un poco de orden y hacer respetar la voluntad ciudadana que se opone a esta grosera intromisión urbana, los partidos políticos, los candidatos, los empresarios auspiciadores y los medios de comunicación que ellos manejan, le han saltado a la yugular y ya le han endilgado un par de demandas judiciales por abuso de autoridad. El mundo al revés y el ciudadano de espaldas.

Está prohibido y todo el mundo lo sabe, colocar propaganda electoral en parques, jardines, en avenidas principales, en locales del estado y, sobre todo, en árboles, en postes de alumbrado eléctrico, en postes de semáforos, en bancas, en sardineles; pero no ha quedado un solo elemento de los nombrados que no haya sido ocupado por la desesperación figurativa de los señores candidatos, no existe un solo espacio de nuestra ciudad que no haya recibido esta ola negra y vomitiva de mensajes estúpidos y rebosantes de ignorancia, que pintan de cuerpo entero a la caterva de energúmenos que son capaces de todo por ganar la elección y colocar sus cuatro letras sobre un asiento del estado. La culpa la tiene el sistema de elecciones que nos rige, sobre todo esa tontería del voto preferencial para congresistas y el que no se haya hecho realmente nada por cambiarlo. Tienen culpa además las blandengues, ineficientes o "aceitadas" autoridades de turno, pero por sobre todas las cosas, la culpa es del ciudadano de a pie, que rehuyendo de sus obligaciones, padece con estoicismo pero sin dignidad, los embates de esta ola negra dizque informativa. El contenido de los mensajes, por otro lado, se aleja de la cordura y la razón. Promesas de candidatos al congreso, de dar trabajo, a millones de personas, de reducir los impuestos a su mínima expresión, de solucionar, en suma, todos los problemas que nos aquejan a los peruanos, son dignas de un estudio clínico y deberían trasladarse a una edición de lujo, con caracteres en pan de oro, sobre "El imperio de la Estupidez".

La acción permisiva, apañadora y, muchas veces, interesada de las autoridades distritales y de las fantasmales autoridades electorales, además de la grosera intromisión presidencial, han terminado por cederle nuestras ciudades a la increíblemente arrolladora acción de los genios del marketing político. No se puede caminar por las calles, no se puede conducir por las pistas, ni siquiera mirar por la ventana, sin que nos encontremos con carteles y cartelones que impiden nuestra visión, que torturan nuestras mentes y, a partir de este mes imagino, sin poder evitar la asquerosa contaminación auditiva y las incongruentes majaderías de quienes se desesperan por endilgarnos mensajes enredados de lo que "van a hacer" si gracias a nuestro voto, llegaran a la presidencia, al congreso o a ese parnaso de la sinvergüenzería llamado parlamento andino. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones: a) Sufrir estoica y cobardemente esta evidente agresión a nuestros derechos urbanos y a nuestra calidad de vida y, b) Tomar las medidas correctivas y aleccionadoras del caso. Si nos inclinamos por la segunda opción, tenemos dos nuevas opciones, a) Quejarnos, con chilla, a la autoridad correspondiente y exigir la devolución inmediata de nuestros espacios públicos, además de la multa correspondiente y, mi preferida, b) Ejercer nuestro derecho ciudadano de rechazar la afrenta de estos salvajes con factura incluida, es decir, no votar, por motivo alguno, por quienes han cometido el crimen, con alevosía y ventaja, de jodernos la vida.

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