Las ciudades, como todo organismo vivo, sufren con el transcurrir del tiempo, procesos naturales de envejecimiento, de deterioro, que en el caso concreto de los centros urbanos, se ven agravados por la inconveniente o total ausencia de planificación, o porque no cuentan con el apoyo oficial, ni con el debido ordenamiento ni saneamiento, originando verdaderos focos infecciones de inhabitabilidad y, con ello, la desvalorización del suelo que ocupan y el de las áreas circundantes. Se hace inevitable, entonces, una intervención, la realización de un proceso de renovación urbana, que no es otra cosa, que devolverle a la zona en conflicto y a la ciudad en general, la salud urbana que se requiere para el desarrollo de la comunidad en ella instalada. Hasta aquí, todo bien. Lo malo del asunto es que cuando lo que mueve u origina esa intervención es un objetivo de mera rentabilidad del suelo y de una desmedida explotación inmobiliaria, muy al margen de las necesidades e intereses ciudadanos, se produce, entonces, a despecho de las grandes mejoras en infraestructura y mobiliario urbanos que se pudieran lograr, la deshumanización de las ciudades.
En el crecimiento de nuestras ciudades, se producen algunos procesos de ocupación del suelo, no por comunes, los más adecuados. Las clases de mejor condición económica, abandonan, paulatinamente, los centros originales y se retiran a zonas de expansión, no siempre correctamente planificadas, pero que les brindan un aparente mejor status, mediante la exclusividad y la autosegregación lo que deviene en la sobre explotación comercial de las zonas abandonadas hasta convertirlas en territorio libre para actividades y usos ya no de sana convivencia permanente, sino de disfrute temporal, con el inminente colapso de los servicios básicos y la desaparición paulatina de los complementarios. Por falta de recursos propios o por la indiferencia oficial, dichas zonas se convierten, a la larga, en peligrosos hacinamientos humanos. Esta es una enfermedad urbana universal cuyo remedio, mediante las intervenciones urbanas que en el nombre de la renovación se han llevado a cabo, han tenido casi siempre, pésimos resultados,
Se ha popularizado un proceso de intervención urbana denominado GENTRIFICACIÓN, que aunque recupera las zonas deterioradas, genera el desplazamiento de casi todas las comunidades ciudadanas que originalmente ocupaban dichas zonas. Nuevos locales comerciales, más amplios, con uso, por extensión, de amplios espacios públicos, antes negados, unidades de vivienda que se convierten en departamentos de alquiler, alza indiscriminada en los alquileres de viviendas y locales comerciales, con formas de vida desaprensiva, que dejan de lado costumbres y patrones de vida existentes, lo que genera, a la larga, el éxodo de comunidades enteras que no comparten las nuevas formas y estilos de vida de pronto, imperantes. Logra sí, la revalorización del suelo, mediante la atracción de poblaciones flotantes, sin arraigo, que buscan la novedad y que con la billetera llena y el espíritu aventurero y ávido de diversión, se van apropiando de dichas zonas, empujando a las comunidades originales a zonas alejadas, creando serios problemas a las familias desplazadas, cuyos centros de trabajo, de estudio, de recreación ya no podrán ser los mismos y si es que en casos puntuales, los pudieran conservar, los costos de movilización, en tiempo y dinero, perjudicarían los presupuestos y las estructuras familiares y dicha comunidad desplazada, inicialmente organizada y compacta, termina degradándose, hasta su inevitable desaparición.
¿Qué se puede hacer?
En realidad, bastante. Pero la solución pasa por la intervención de todos los estratos de gobierno, desde el central, mediante el diseño y la aplicación de una política nacional de desarrollo urbano que contemple la realización de proyectos de renovación urbana con el objetivo único y excluyente de mejorar permanentemente la calidad de vida de cada familia y su entorno y no dejar su permanencia, desarrollo y seguridad, en manos del mercado inmobiliario y las financieras expertas en la especulación y la explotación rentista de los terrenos; también de los gobiernos locales, mediante el diseño y adopción de políticas restrictivas en el uso y explotación de su territorio, en la creación de bancos de proyectos de desarrollo gratuitos de las unidades de vivienda y la creación de fuentes directas, no usureras, de la financiación del crecimiento de dichas viviendas y la expansión de sus zonas urbanas.
Difícil tarea, habida cuenta que jamás se ha tomado en serio lo del derecho constitucional a la vivienda digna para cada ciudadano y su familia, debido también, a la existencia de un corrupto sistema de cambios de zonificación municipal con beneficiario exclusivo y generoso en la tramitación y la existencia de una Ley Orgánica de Municipalidades que en lugar de potenciar habilidades de autoridades y funcionarios, lo que promueve es el abuso y la corrupción.
Pero hay un actor protagónico que se mantiene, por ignorancia o desidia, al margen de lo que se hace y deshace en este campo, el ciudadano mismo, que desconociendo sus derechos permite, con su silencio cómplice, las tropelías y evidentes abusos que en nombre de la recuperación de las ciudades se cometen a diario en todo el país.
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