La Arquitectura, al margen de su oficio, tiene una responsabilidad para con el espacio físico sobre el que interviene y para con su entorno, el próximo y el remoto, es decir, con la ciudad entera en que se desarrolla. Los arquitectos, autores, ejecutores y responsables de los proyectos, tienen la capacidad de enriquecer o envilecer la trama urbana existente con sus intervenciones. De ahí la necesidad perentoria de establecer un perfecto equilibrio entre lo que los clientes (ciudadanos/aparato público) desean, contratan y pueden financiar y lo que los arquitectos responsables saben que se puede y debe hacer, así como lo que no se debería, en determinado espacio urbano. Durante décadas hemos asistido al empobrecimiento, cuando no destrucción, de determinados escenarios urbanos por ayudar a concretar proyectos meramente personalistas e indebidos, que terminan como retazos en edredón de abuela, en flagrante atentado contra la ciudad. Cuando se busca perennizar egocentrismos particulares, sean privados o públicos, lo que se está haciendo es destruir a la ciudad y su unidad urbana, restarle su identidad y eliminar su sentido de pertenencia. Cuando en las facultades de arquitectura se enseña y forma a futuros profesionales con el objetivo, único y excluyente de satisfacer al cliente por sobre todas las cosas, lo único que se logra con esa aberrante práctica del todo vale, es convertir a la ciudad en un campo de batalla de egos y billeteras, por eso Lima está repleta de pésimos ejemplos. Cuando los proyectistas se limitan a ser receptores de caprichos, excentricidades y huachaferías de sus clientes contratantes, están perpetrando un lamentable urbanicidio, cometido con alevosía y ventaja. Ahora bien, ese desatino se origina en el cliente, continúa con el proyectista y es avalado por las entidades rectoras de las ciudades, que son los colegios profesionales, a través de sus comisiones revisoras de proyectos y las autoridades municipales, a través de sus funcionarios, que emiten las licencias respectivas. En el crecimiento, porque no se puede hablar de desarrollo, de nuestras ciudades, hemos llegado a un punto perverso de que lo que no se debe hacer, termina haciéndose, sobre o bajo la mesa. Y es aquí, en donde la corrupción causa un daño irreparable. Calles estrechas que en ambos frentes exhiben edificios de 10 a 14 pisos, cuando los parámetros urbanísticos dicen que no deberían ser más de 4 pisos de altura, no sólo generan un horroroso entorno urbano, sino un tremendo daño a la habitabilidad de las ciudades. Fachadas con una pobreza arquitectónica evidente, calcos de espacios urbanos extranjeros, apropiados para otros climas, otras realidades, metidos con calzador en las tramas urbanas locales, son parte de los "errores" que a diario se cometen en nuestras ciudades. Enormes e importantes edificios públicos con claras e indelebles marcas personales de las autoridades de turno contratantes; diseño y construcción de parques y otros espacios, con evidentes guiños de esperpénticos gustos, pero que constituyen el deseo expreso y la orden directa de quienes otorgaron la buena pro para la licitación del proyecto y la obra, son cosas de todos los días dentro de nuestras ciudades.
Ahora bien, lo mencionado corresponde al nivel formal de las actividades y concreciones ciudadanas, pero existe, inevitablemente, un amplio escenario informal, representado por las invasiones, las auto construcciones y las apropiaciones, pero en ambas realidades, formales e informales, hay responsabilidad directa e innegable de los arquitectos.
La ciudad, en su mejor acepción, no es más que el reflejo fiel de una determinada sociedad y su época, la calidad de su interpretación corresponde a los arquitectos y a las autoridades rectoras de la misma. Ante autoridades débiles, ignorantes, corruptas, o, lo que es peor, todo ello junto, es al arquitecto proyectista a quien le toca defender a la ciudad. Podría pensarse que son los ciudadanos contratantes o las autoridades coludidas, los principales responsables de una ciudad decadente, pero no es así. Todo lo que se hace o deja de hacer en una ciudad es por la anuencia, indiferencia, o ausencia de un arquitecto responsable. Y es que ésa es su verdadera función social. El ciudadano, por otro lado, tiene necesidades, deseos, sueños.pero carece de capacidades proyectuales y de la visión requerida para que lo que quiera se diseñe y construya sobre el lote de su propiedad, lejos de alterar, contribuya al enriquecimiento de su entorno urbano, su ciudad.
El quehacer de la Arquitectura, la formación de los arquitectos y la función de las autoridades rectoras creo que deberían entrar en una exhaustiva revisión. No contamos, por otro lado, con la tan necesaria Planificación Urbana, una adecuada y justa Política Nacional de Vivienda y una competente y eficiente Gerencia Municipal de las ciudades, contamos, sí, con tremendos vacíos legales y con excesivas directivas populistas en el marco normativo. Si queremos ciudades con una adecuado nivel de calidad de vida tenemos que empezar a detectar el origen de las fallas, a llamar a las cosas por su nombre y a rectificar o mejorar lo que fuera necesario. Y sí, la creación y desarrollo de las ciudades, las mismas que disfrutan y mantienen los ciudadanos con sus tributos, son de entera responsabilidad de la Arquitectura y de los arquitectos.
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