GRAVE OMISIÓN DEL SEÑOR ALCALDE DE MAGDALENA DEL MAR

Hubo una época en que nuestra gran Lima necesitó encerrarse, cuando el terrorismo arreciaba y el principio de autoridad se había ausentado totalmente de nuestras calles. Así que mediante una ordenanza metropolitana y unas cuantas distritales se señalaron las pautas para permitir la colocación de rejas, sobre todo en las agrupaciones privadas de viviendas unifamiliares, que bajo la advocación de urbanizaciones, levantaron la manito para, en nombre de la seguridad de sus familias, solicitar la autorización para la colocación de rejas de uso muy particular, para beneficio exclusivo, a sabiendas, incluso, que se estaba incurriendo en la obstrucción del libre tránsito y en la privatización de los accesos y recesos, área públicas que pertenecen a toda la ciudad y no deberían secuestrarse para uso privado. Sin embargo y, dadas las circunstancias, aún así se empezó a aprobar su colocación, pero eso sí, en la ordenanza metropolitana se señalaban dos criterios que deberían cumplirse, sí o sí, para que se permitiera la colocación de dichas rejas. Uno de ellos era el de EXCEPCIONALIDAD, es decir que la autorización para usar elementos de seguridad se otorgaba,  solamente por la necesidad de protección de la población contra la existencia de riesgo fehaciente, que ponía en peligro la seguridad de la persona y su propiedad y el más importante y menos respetado, el de TEMPORALIDAD, que señalaba que el uso de elementos de seguridad, que impliquen la interrupción o alteración del tránsito de vehículos o de peatones, no será permanente y los elementos se retirarán paulatinamente en razón de la disminución o desaparición del riesgo que generó la necesidad de seguridad invocada. Y ¿quién tenía que supervisar y fiscalizar estas premisas? Pues la propia municipalidad a la que pertenecía la rejita aprobada.

Resulta, sin embargo, que muy pronto, en muchos distritos y en algunas urbanizaciones “exclusivas”, con el apoyo, anuencia o indiferencia de las autoridades amigas,  el uso indiscriminado de rejas convirtió los accesos vehiculares y peatonales (pistas y veredas)  y hasta pequeños y medianos parques públicos, en bienes de uso privado, en claro atentado a la libertad de circulación (derecho constitucional) y en abusiva apropiación de las áreas públicas.

La ordenanza citada, que regula, oficialmente, la colocación de dichas rejas señalaba, además, procesos muy claros para su autorización, los requisitos necesarios y las obligaciones contraídas al recibir la autorización de su colocación.

Para su AUTORIZACIÓN, se señalaba que, la misma sólo podrá ser solicitada por Juntas o Comités Vecinales organizados y debidamente reconocidos y registrados por la Gerencia de Participación Vecinal. Y es aquí en donde nacen los mayores abusos y escandalosas apropiaciones, pues desde hace un buen tiempo y, salvo honrosas excepciones, las directivas de dichas juntas son designadas directamente o elegidas en procesos amañados,  por la autoridad en ejercicio, para que se conviertan en las cajas de resonancia de la labor municipal, cuando no en férreas defensoras de “errores” cometidos por la autoridad. Es fácil inferir que a cambio, dichas juntas, mejor dicho, esas directivas, recibían prebendas, beneficios personales directos, que pasaban por la consumación de abusos y arbitrariedades, en contra del resto de los vecinos de sus ámbitos territoriales. Se señalaba, además, que las rejas que se encuentren instaladas en vías locales próximas a intersecciones que sufren congestión en horas punta y que sirven de comunicaciones con otras vías de mayor jerarquía deberán permanecer abiertas durante las horas en que se produce dicha congestión vehicular y con el personal conveniente a fin de garantizar el tránsito peatonal y vehicular adecuado.

Dentro de los requisitos señalados para la obtención de su autorización, se señalaba que se debía presentar una solicitud de autorización de instalación del sistema de seguridad y vigilancia particular, junto con la documentación sustentatoria en función del nivel del resto de la zona, así como las necesidades de protección firmada por la Junta o Comité Vecinal. Se exigía, así mismo, copia simple del acta de asamblea de la agrupación vecinal con la conformidad de por lo menos el 80 % de los conductores de predio, ubicados al interior del área de protección. Se exigía un padrón de residentes con todos sus datos y, además de un plano de ubicación del “área a proteger”, debería indicarse los elementos de seguridad propuestos por las rejas, señalando los flujos vehiculares y peatonales y la señalización interna (vertical y horizontal) a colocar para la adecuada orientación del tránsito vehicular y peatonal, en el interior del área restringida, hacia los accesos y salidas para conocimientos del público en general, entre otros requisitos más.

 Y, finalmente, se señalaban unas OBLIGACIONES que, lamentablemente, en el 90 % de las rejas existentes en Lima, no se cumple y es la de contar con la presencia de al menos un vigilante por las vías locales. Y en lo que sí esta ordenanza citada se ha convertido en verdadero palo de gallinero es en cuanto a esta obligación: La reja deberá permanecer cerrada únicamente cuando se encuentre presente un vigilante, él mismo permitirá el paso vehicular con la manifestación de un ciudadano. Esta persona no podrá pedir ni retener ningún documento o establecer condiciones que restrinjan el libre tránsito, salvo en caso de delito.  La ordenanza señalaba específicamente que: Si no hay un vigilante, la reja deberá siempre permanecer abierta. Y como cereza del pastel, la ordenanza señalaba que: Los ingresos peatonales siempre deben estar abiertos y sin obstáculos que impidan el ingreso a las personas.

Finalmente, se indicaba en la citada Ordenanza Metropolitana, que está por encima de cualesquier otra ordenanza distrital de aprobación posterior, que La autorización para colocar una de estas estructuras de seguridad se dará por un plazo de dos años, el cual se puede renovar previa evaluación. Y ello pasa por la anuencia y el respaldo del 80 % de los vecinos involucrados y si se ha hecho un uso adecuado de las prerrogativas concedidas al autorizar la colocación de tal estructura. Pero ¿qué pasa, cuando buena parte de los vecinos involucrados considera que se han cometido excesos y perjuicios a ellos mismos, como por ejemplo, al mantener la reja permanentemente cerrada, por no tener los accesos peatonales requeridos o por estar éstos, permanentemente con llave, contraviniendo la norma que autorizó su colocación?, O cuando la directiva de Junta de Vecinos, en lugar de velar por la seguridad, tranquilidad, facilidad del libre tránsito y respeto irrestricto al desplazamiento de los vecinos comete arbitrariedades en evidente beneficio particular?  Bueno pues, dicha autorización debería ser revocada o, en todo caso, no renovada.

Entonces y, en nombre de un grupo de vecinos de la urbanización Jacarandá de Magdalena del Mar, que cuenta con una reja en la intersección de las calles Bolívar y Vallejo, por qué es que el señor alcalde en ejercicio no ha dispuesto su retiro, o al menos ordenado la fiscalización de su uso? En los grupos de whatsapp de vecinos del distrito aparecen reiteradas quejas por que no pueden entrar ni salir libremente, porque dicha reja permanece cerrada, sin vigilante y porque se toman atribuciones individuales por parte de la directiva de la Junta Vecinal correspondiente al colocar avisos que a la letra dicen: “Señores Vecinos de la Urbanización Jacarandá, esta reja permanecerá cerrada por 15 días por vuestra seguridad. Gracias por su comprensión. El ingreso será por el Jr. Trujillo”. Lo que implica que los vecinos que viven junto al ingreso que está enrejado, deberán desplazarse hasta 600 metros, para entrar y salir de su propio condominio. Bueno, los vecinos reclamantes, con razón, han presentado reiterados reclamos ante el área municipal correspondiente, con copia al despacho del señor Alcalde de Magdalena del Mar y, transcurridos larguísimas semanas de espera no hay respuesta alguna. Entonces la pregunta, señor Alcalde es. ¿Qué pasa con su gestión? Preferimos pensar que usted no está enterado, que algunos malos funcionarios le han ocultado el hecho, que sólo es una omisión de su parte y que usted, ya enterado, tomará de inmediato cartas en el asunto. No es correcto conceder prerrogativas, que nadie debería tener, ni mirar para otro lado cuando se cometen esta clase de abusos. Al margen de que alguien se auto proclame portero de lujo de una reja que, al parecer, ya no debería existir, tenemos el pase negado a eventuales ambulancias o carros de bomberos, además por cierto, del maltrato y humillación a los propios ocupantes de las unidades de vivienda comprendidas dentro del área enrejada. El asunto ya está en sus manos, señor Alcalde.

NUESTROS PARQUES Y AZOTEAS NO SON EL BAÑO DE TUS MASCOTAS

Pareciera que tenemos un serio problema con el asunto de ¿PARA QUIÉN O PARA QUÉ SON LAS CIUDADES? Yo siempre pensé que lo eran, en forma exclusiva y excluyente, para las personas, como tú, como yo, en fin, para los seres humanos racionales que querían y hacían lo posible por vivir decentemente. Pero pareciera que en el camino de nuestro crecimiento, como ciudades modernas, hemos ido perdiendo el horizonte y ahora resulta que la ciudad es para lo que sea, menos para los ciudadanos.

No contentas, las autoridades, con habernos expropiado cerca del 80 % de las áreas públicas de nuestras ciudades para cederlas, con alegría y risita cachacienta, a los vehículos motorizados y "su necesidad" de estacionamiento, ahora resulta que nuestros parques, jardines de aislamiento, plazoletas, veredas y todo espacio libre, a nivel suelo, pertenecen a la sociedad municipal de servicios higiénicos caninos. Y las azoteas, para quienes tienen suerte de tenerlas, pertenecen ahora a la sociedad municipal de baños públicos aéreos para mininos de Lima y balnearios

Cuando hace unos años se remodeló el Malecón Castagnola, al final de las calles de Magdalena del Mar, con frente a los acantilados, los vecinos dijimos, caramba, algo es algo. Y claro que empezamos a usarlo, para salir a caminar en las mañanas y en las noches, para mirar a lo lejos un mar que nos había sido negado por décadas a los magdalenenses y se sentía bien. Por fin teníamos un espacio para disfrutar. Han transcurrido unos cuantos años y el tal “malecón” ya no es apto para nada. Huele, no, APESTA, dos cuadras antes de llegar al espacio urbano que, aunque cuenta con juegos para los niños, bancas y espacios sombreados para descansar, ya no se puede usar. Un aire irrespirable y un espectáculo de montoncitos de heces regados por todas partes que te obliga a caminar en puntas de pies y un olor a pichi de cantina de esas de antes, cuando no se exigían baños a la hora de dar la licencia de funcionamiento de esos locales. ¿Qué pasó? Bueno pues, que ahora resulta que las 24 horas del día y sin necesidad de cartel ni señalética alguna, el malecón, en toda su extensión y entorno, es el baño público de los perros del distrito. Se ha convertido en un deporte nacional, ya no sacar al perro a pasear para que se relaje luego de estar encerrado todo el día en el departamento, sino para que desocupe vejiga e intestinos, para que no se enferme por continencia el animalito.

Caminar por el distrito es jugártela porque tarde o temprano vas a regresar embarrado a tu domicilio, peor aún puedes sufrir una resbalada, terminando con la cara sobre excrementos curiosamente esparcidos para que no te  libres de ello. Y no, no ha llovido anoche, sucede que esos aniegos que pisas y atraviesas son los orines de perros obedientes, que tienen la consigna, bajo pena de sopapo, de Aguántate hasta que te saque a la calle, ¿me escuchaste orejón?

A todos esos perritos con apellido, agreguemos además, los perritos abandonados, los callejeros. En un excelente artículo de Angus Laurie, publicado en El Comercio en enero pasado, me enteré con más indignación que sorpresa, que en Lima tenemos un equivalente a un perro callejero por cada dos limeños, así que dentro de muy poco  tendremos 5 millones de perros callejeros en nuestra Ciudad, otrora de Los Reyes, luego de los Quispe y ahora de los perros. Luego de un exhaustivo y comparativo análisis que hace de las poblaciones caninas en Latino América que mejor no cito, para no hacerlos llorar, el autor concluye en que “en Lima hay muchos problemas urgentes y el número de perros callejeros debe ser considerado uno de ellos”. Y ¿qué hemos hecho a nivel de los gobiernos locales? Sí pues, NADA. Las autoridades dicen estar ocupadas. Si te enteras en qué, por favor nos cuentas.

Otra simpática especie que llama nuestra atención e irrita nuestra vida familiar, es la de los mininos, que al no tener en la casita de sus papis, una adecuada caja de arena, ergo, baño propio, como se estila y exige en sociedades humanas normales, se pasea orondo y desafiante por cada techo vecino hasta que encuentra el lugar idóneo para desocupar su barriguita, que termina siendo la azotea o techo volado de algún vecino de papis, pero claro, a no menos de 50 metros de su dulce hogar, porque ellos son muy limpios, qué duda cabe, pero en “su casita”. Y como estos adorables animalitos son de costumbres, van a regresar todos los días, dos veces al día, por el resto de tu vida y un par de años más, a seguir cagando y meando en tu azotea. Ya probaste los mil y un secretos para ahuyentar al atrevido pero el gatito te mira como diciéndote, ya fuchi, fuchi, pervertido, que tengo que usar el baño. ¿Te hace gracia? A los que sufren las consecuencias, no.

Y es que para convivir en una ciudad, un centro urbano que parezca decente, no podemos convivir con animales, aunque fueran los llamados domésticos, si es que no se cuenta con las condiciones mínimas para su correcta crianza. Amplios espacios libres, suficientes áreas verdes y áreas “de servicio” para sus necesidades, todo dentro de tu vivienda. No es justo, meter a un perrito o gatito, entre cuatro paredes, de un mini departamento sin ninguna posibilidad para su esparcimiento tan necesario y, condicionado egoístamente, a pasear, estirarse y “relajarse” sólo cuando sus amos tengan tiempo y disponibilidad para ocuparse de ellos. Los japoneses, que ya pasaron por esto y han revisado consciente e inteligentemente el asunto, han determinado que lo mejor es “poseer” mascotas robotizadas, que no tienen ni dan problemas orgánicos de ningún tipo. Los han fabricado tan bien que hasta dan ganas de acariciarlos, pero no ensucian, no mojan, no aúllan. Bien, nuestras economías familiares tal vez no den para tanto, entonces, ordenémonos y pongámonos de acuerdo de cómo vamos a hacer para recuperar nuestros parques y escasas áreas verdes y cómo hacemos para que cada vez que subamos a nuestra azoteas no nos encontremos con bombardeos de excrementos y aniegos de orines de gatos.

En cada distrito, la autoridad (si realmente existe y lo es) debería empadronar a las familias que cuentan con mascotas, llevar un censo actualizado del número de mascotas, por vivienda, por edificio, por cuadra, revisar el interior de las viviendas que son compartidas con dichos animalitos y cerciorarse, que en todas esas viviendas hay cajas de arena o tierra, suficientemente grandes para las deposiciones de las mascotas. Exigir un collar con medalla, que contenga todos los datos y dirección de la familia dueña de la mascota, un registro de vacunas y cualquier otro registro necesario para preservar la salud de los ciudadanos. Y, finalmente, un pago justo a la municipalidad, mensual o anual, que cubra la labor registral, de supervisión y fiscalización que su existencia y desarrollo requieren.

Se necesita además, urgentemente, la elaboración, por parte de la municipalidad metropolitana, de un MANUAL DE TENECIA DE MASCOTAS EN ZONA URBANA, que contenga lo antes mencionado y las obligaciones que se tiene para con la mascota en posesión y las responsabilidades para con la comunidad en donde habitan, como por ejemplo, que ninguna mascota puede usar los espacios públicos como su baño particular, bajo pena de multa a sus papis. Sólo así evitaremos seguir odiándonos, en silencio, que es mucho peor, entre los que tenemos y los que no tenemos mascotas dentro de nuestras viviendas.

Bueno pues, este grave problema urbano lo deposito en manos de las autoridades municipales e inteligentes regidores para ver cómo se soluciona, PERO YA. Y no, el exterminio total de la población canina y gatuna no es la solución, como en el caso de las palomas; este es un tema de DERECHOS URBANOS, que empieza por el respeto a los otros.