Una verdadera vergüenza lo que
está sucediendo en la calle Félix Dibós de Magdalena del Mar, en nuestra cada
vez más violentada y asquerosamente encementada ciudad de Lima. Sin consulta vecinal ni aviso previo, la
autoridad municipal local está arrasando con las áreas verdes de dicha zona, la
razón: “necesidad” de construir un tercer carril para el tránsito vehicular. Se argumenta que la
otrora zona residencial de Magdalena del Mar se está convirtiendo en una zona de alto
tránsito y para ello se requiere de más ancho de vía para la circulación de su
majestad, el vehículo. Además de ser un despropósito urbano, un arboricidio
imperdonable y un atropello a los ciudadanos, esta descabellada medida responde
a un interés mezquino de preparar el terreno, mediante la aparente solución a
la futura necesidad de una creciente carga vehicular, para el inminente cambio de zonificación, que
permita la erección de edificios de más de 9 pisos, en una zonificación original
de baja densidad, con alturas permitidas de hasta 4 niveles. ¿Cuál podría ser
el interés de dicha medida, revestida de modernidad? Pues que existe alguien que
está cobrando por entregar indebidas licencias de construcción en zonas en las
que jamás debieron permitirse tamaños estropicios. ¿Es esto legal? De ninguna
manera. ¿Se debería permitir? NO. ¿Qué hacer? Lo primero sería presentar una masiva denuncia ciudadana ante la opinión pública y mediante una acción de amparo exigir la inmediata paralización
de la obra. Pero, además, en este caso concreto, ¿por qué callan los medios de comunicación, otras veces tan
locuaces y acusadores?
Lo curioso es que, tampoco, ninguna
entidad seria y representativa está opinando al respecto, habiendo tenido que
haberlo hecho desde hace rato. Existe un evidente abuso de autoridad, un irrespeto a
las propias normas municipales metropolitanas, un atentado al medio ambiente y un
avasallamiento a los ciudadanos y sus derechos urbanos. Lo que está haciendo la
municipalidad de Magdalena del Mar es expropiar los espacios públicos, destruir
las áreas verdes, que por naturaleza son inalienables y degradar la calidad de
vida de los habitantes de dicha zona, todo ello con evidentes intereses
particulares. ¿Existe un verdadero estudio de impacto vial de la zona que
justifique la medida ordenada y ejecutada con inusual violencia? ¿Existe un
estudio de impacto ambiental que asegure que el cambiar aire purificado,
gracias a los árboles ahora ya no existentes, por ruido y aire contaminado, es
lo mejor que le puede pasar a los residentes de dicha zona? No creo. ¿Y entonces?
Cabe la pregunta: Si no es a los ciudadanos, ¿a quién carajo pertenece la
ciudad? En todo caso, jamás al alcalde y menos a sus amigos, financistas o socios,
los inversionistas inmobiliarios.
