Con la misma prisa e irresponsabilidad de chofer de combi
asesina de la empresa orión, el SEÑOR PODER EJECUTIVO ha enviado como propuesta,
dentro de su plan reactivador, al SEÑOR CONGRESO, que de ahora en adelante las
edificaciones destinadas a vivienda, comercio y oficinas no estén sujetas a la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la obtención de la
licencia de edificación, cuando dichas edificaciones se realicen en zonas
urbanas consolidadas. Tremendo atentado urbano y evidente favorecimiento
a las empresas inmobiliarias, (especie de su mesías salvador porque ahora están
a pérdida) basa su razón de ser en que la obtención de este tipo de estudio no
generaría una mayor disminución de riesgo para el ambiente pues las
herramientas preventivas han sido incorporadas a través de procesos previos de
planificación urbana. Sí Juan. Todo ciudadano medianamente informado sabe que
la normatividad actual (supuesta planificación urbana incluida) es palo de
gallinero de la voracidad inmobiliaria y la angurria funcionaria, por ello
tenemos una inmensa cantidad de callejones verticales y una increíble sobre
concentración de moles de concreto, pechito con pechito, potito con potito, sin
áreas libres y menos, verdes. Sin atisbo alguno de vergüenza se señala como
finalidad del planteamiento expuesto, que se busca reducir el déficit de
vivienda y facilitar los procesos de construcción de vivienda y ocupación del
suelo formal. Asimismo, consolida la eliminación de trabas que retrasan
actualmente la inversión inmobiliaria a nivel nacional, dicen. ¿Nos han visto
la cara?
Con la cantaleta del déficit habitacional, catalogado por las
inmobiliarias, las financieras y los funcionarios incapaces o corruptos (o
ambas cosas a la vez) como la necesidad imperiosa de adquirir flamantes, onerosas
y, más de las veces, inhumanas unidades de vivienda, cuando lo que en realidad
se necesitaba eran “mejores y más seguras” viviendas familiares, se ha impartido durante los últimos
años una serie de disposiciones normativas que van desde reducir la dignidad
humana a viviendas de 45 ó 50 m2, con dormitorios de 4 m2, con ocupación del
100 % del área del terreno a construir; sin el requerimiento necesario de
estacionamientos; con entrega de licencias amañadas para edificios de 12 a 14
pisos ahí en donde los parámetros urbanísticos permitían un máximo de 4 pisos;
con excavaciones de hasta 20 metros por debajo del nivel de vereda sin la
exigencia del previo análisis del suelo; con aceptación de seis u ocho
edificios colindantes, con frente a pistas de 6 metros de ancho y veredas de 1.5 metros, sin el
requerimiento mínimo de un estudio de impacto vial, es decir, calcular más o
menos, cuál es la cantidad máxima de vehículos que pueden circular por las vías
con frente a esos nuevos departamentos y en las calles aledañas, para evitar
parecerse a Calcuta en un día de mercado.
Empecemos por el principio, el verdadero déficit de un
producto (en este caso una nueva vivienda) se da cuando hay un montón de
familias con las ganas inmensas de adquirirlas y las posibilidades económicas
para hacerlo y el mercado no puede ofrecerlas. Es decir, cuando hay más
compradores que vendedores. Pero resulta que si nos atenemos a los indicadores oficiales
actuales, el año pasado las inmobiliarias no han podido colocar todos los
departamentos construidos, es más, han paralizado varios proyectos, le han
metido cabeza a no pocos incautos que han comprado en planos y que no saben
cómo recuperar el monto con que han sido estafados, porque ya no encuentran a
los solícitos vendedores de esas casetas de venta que algunos municipios
corruptos o tontos, permiten que se instalen con toda elegancia e impunidad en
las áreas públicas, veredas y jardines de aislamiento, para beneficio
particular. Lo que siempre ha existido y seguirá existiendo hasta que podamos
tener gente decente y capaz en los entes del gobierno central y municipal, que
puedan elaborar verdaderas políticas de vivienda nacional y local, es la
necesidad, urgente eso sí, de mejorar, ampliar, remodelar o refaccionar las
viviendas familiares existentes, a costo real, sin necesidad de pagar coimas, sin trabas burocráticas
y con el apoyo técnico y financiero de sus propias comunas, nada más. Pero
claro, eso choca con los intereses de no pocos grupos de poder y con
funcionarios corruptos que más reciben por fuera que con el salario oficial. Años
y una gran inversión le han costado a los grupos inmobiliarios tratar de
convencer a los ciudadanos de que si no tienen una vivienda propia, inscrita en
la Sunarp, no son nada, o sí más bien, unos pobres diablos, sin historial
crediticio, impresentables ante el sistema financiero, unos parias en la
economía nacional. Con el señor Hernando de Soto a la cabeza se ha
gestado un movimiento internacional de: CASA, CASA, CASA QUIERO YA. Y claro, no
importa si te endeudas por los próximos 25 años, si metes mensualmente casi todo
lo que con tanto sacrificio te envían tus hijitos desde el extranjero para que
puedas vivir mejor, o que después de 5 ó 10 años, qué penita, el banco tenga que embargarte por falta de pago y adiosito el sueño de la casa propia.
Seguir eliminando supuestas trabas edilicias, con
beneficiarios con nombre propio no soluciona nada, salvo la falta de liquidez
de los grandes e importantísimos amigotes y la colocación de la liquidez
excedente de los bancos, en ambos casos con la intermediación, necesaria, de un comprador ingenuo al que le han hecho creer que necesita adquirir, sí o sí, una nueva vivienda. Permitir este nuevo atropello y fuga es darle
la bendición a las nuevas ciudades del señor capital, que no importa que
terminen pareciéndose a galpones de San Fernando o Redondos, si se logra el
cometido de que los señores del cemento, fierro y ladrillo, tengan mayores y
más rápidas utilidades.
